Voltaire

Un resumen sumario de este primer año de gobierno de izquierda sugeriría que la política económica es un terreno en el que resulta evidente el continuismo con el gobierno precedente. “El gobierno ha optado por impulsar una estrategia económica que comprende cuatro aspectos fundamentales: la promoción de inversión productiva; el desarrollo del crédito indispensable para dicha inversión; una reforma tributaria acorde a los fines del crecimiento; y, no por último menos importante, la generación de un escenario de confianza y estabilidad para que la inversión se concrete y avance", dijo hace poco Tabaré Vázquez en una entrevista. ¿No es exactamente esto lo que proponían Bensión, Alfie y Atchugarry? Y si no era esto, cuáles son las diferencias (o la diferencia, al menos una) con las políticas precedentes. El lema de este gobierno es “generar el clima” para que los inversores arriesguen sus capitales en esta tierra. En el actual contexto internacional esa estrategia supone competir con otros gobiernos para ver cuál le otorga más ventajas al capital errante (zonas francas, bajos impuestos, leyes laborales benignas, garantías de buenos negocios, en suma). Una política que de izquierda tiene bien poco, a pesar de que se nos promete que después de llegadas las inversiones y aumentado el pastel, habrá para todos en el festín (“téngannos fe, que por algo somos de izquierda”). Sin embargo, ¿no es también esto lo que dijo, y a menudo hizo, la derecha de toda la vida?

Lo que sugiere el gobierno es que no hay alternativa, que esto es lo único posible si queremos evitar lo peor. En el mundo globalizado, sugieren los expertos progresistas, el margen de maniobra es exiguo. Las diferencias posibles respecto de los gobiernos más ortodoxamente neoliberales son de matices, de detalles, de acentos. No es difícil coincidir con el gobierno en que en un país de tres millones de habitantes, endeudado hasta el cuello, sin recursos y con capitalistas que se comportan como todos los capitalistas del mundo (es decir que están a la búsqueda del territorio más rentable, que no necesariamente es el propio) es un despropósito pensar en cortar amarras con el mundo capitalista (“No pagar la deuda externa”, por ejemplo) sin convertirnos en algo parecido a la Albania de Enver Hoxa.

Dos reparos, sin embargo, se pueden formular a esta política. El primero es que no están llamando a las cosas por su nombre. No dicen con todas las letras de qué se trata, no dicen que las diferencias entre una política económica de izquierda y una de derecha serían las que están a la vista, es decir más bien magras, sino que siguen apelando a los eufemismos y amparándose en el adjetivo progresista, que ya no significa prácticamente nada.

Las racionalidades del mercado y de la democracia son opuestas. Y como parece que conviviremos con el mercado por un buen tiempo, es imperioso no perder de vista que si el mercado reina sin contrapesos, si nos inclinamos ante todas sus exigencias, es posible que también perdamos algunos pedazos de democracia y tal vez hasta algunos derechos humanos por el camino. Si la última palabra la tiene el criterio mercantil (ese que dice que nadie debe recibir nada si no es a cambio de entregar un valor equivalente) no deberíamos extrañarnos de que los que no trabajan no puedan ejercer el más elemental de los derechos, el derecho a la vida. Si les parece una exageración, pongamos otro ejemplo: hace unos años se armó la gorda en este país, porque el PIT-CNT quiso organizar una manifestación en Punta del Este. ¿Cuál era el argumento de los que se oponían a ella? Que iban a espantar a los turistas, y con ello arruinarían a una de las industrias más pujantes de este país. La pregunta que se imponía era de cajón: ¿entonces los derechos democráticos, de manifestación, de reunión y, hasta la propia constitución, no rigen en Punta del Este?

El segundo reparo es, pues, que aunque el margen de maniobra sea exiguo, existe y es imprescindible que un gobierno de izquierda apueste a extenderlo. Y aunque aquí hay que reconocer que hubo verdes y maduras, la sensación con la que uno se queda es que las nuevas autoridades siempre tienen entre labios una palabra de cautela, que están más inclinadas a pedir moderación que a ampliar los límites de lo posible. En casi todos los temas controvertidos, el primer, o segundo, argumento que han esgrimido los exponentes más notorios del gobierno frenteamplista ha sido que tales o cuales medidas conspiran contra el clima de negocios.

Menciono apenas tres asuntos paradigmáticos, que no son estrictamente de política económica, en los que “lo posible” resulta como mínimo controvertido y discutible: la ley de fueros sindicales, el proyecto de reforma impositiva y los consejos de salarios. Los tres, digámoslo de entrada, constituyen en mi opinión un avance respecto a la situación precedente. La ley de fueros sindicales devuelve a los trabajadores unos derechos elementales que jamás debieron perder y los ubica en mejores condiciones en sus relaciones con el capital. La reforma impositiva también constituye un avance, más modesto, pero avance al fin: la mayoría de los que no pagaban impuestos van a pagar cuando entre en vigor y habrá más justicia a la hora de contribuir al esfuerzo colectivo. La convocatoria a los consejos de salarios, finalmente, permitió una pequeña recuperación del salario real después de varios años de estrepitosa caída.

En los tres casos (aunque menos en el de la reforma impositiva) el resultado final estuvo determinado por las presiones y concesiones de quienes estuvieron dispuestos a intervenir en el asunto, convencidos de que la balanza se podía inclinar para un lado o para el otro. Entre ellos no estaban, por supuesto, los que siempre proponen dejarlo todo en manos de los “expertos progresistas” y confiar en el “gobierno popular”. Tampoco los que ya estaban desencantados el 1 de marzo de 2005.

La ley de fueros sindicales no merece casi reparos, a pesar de que a último momento la histeria de los empresarios logró que se le quitaran algunas cláusulas que supuestamente conspiraban contra el “clima de inversión” (aunque, de atenernos a los anuncios apocalípticos de la derecha y el empresariado, toda la ley es una calamidad). El proyecto de reforma impositiva, en cambio, ya nace un poco más averiado. Es un progreso incuestionable que se implante el impuesto a la renta de las personas físicas y que tributen algunos sectores que antes no lo hacían, como los que percibían rentas de capital. Pero parece que entre la “justicia tributaria”, por un lado, y la “promoción de las inversiones”, “la desdolarización de la economía”, “la reducción de incertidumbres y vulnerabilidades” y las “señales claras hacia los mercados”, por otro (todo eso se propone, aunque usted no lo crea, la reforma impositiva y no sólo que quien tiene más pague más), la balanza terminó inclinándose un poco más hacia los objetivos mencionados en segundo término. Un análisis crítico de este proyecto se puede encontrar en este mismo sitio, así que no abundaré más en el asunto. Claro que hay que decir que apenas 600 ciudadanos se tomaron el trabajo de intervenir en el debate, porque la mayoría prefirió dedicarse a sacar cuentas de cuánto más, o menos, tendrá que pagar tras la aprobación de la ley y no a reparar en la justicia, o la injusticia, de la misma.

En lo que atañe a los consejos de salarios, el “mérito” del gobierno reside en haberlos convocado después de años de imperio del “mercado libre” de trabajo, lo que permitió a los trabajadores negociar en mejores condiciones que hasta ahora. Que la recuperación del salario real haya sido modesta no es atribuible al gobierno, sino a una relación de fuerzas entre trabajadores y patronos que es la que es. Con todo, hay que recordar que en este año de gobierno del Frente Amplio aumentó enormemente el número de trabajadores sindicalizados y se puede presumir que no son ajenas a ese fenómeno las nuevas reglas de juego laborales.

Unas líneas sobre el Plan de Emergencia. Sí, es un plan asistencialista, como dicen algunos. Pero me animo a quebrar al menos una lanza por él: envía un mensaje que podría representar toda una revolución cultural, si el gobierno lo defendiera más activamente en lugar de balbucear justificaciones frente a los apóstoles del mercado. Ese mensaje para mí consiste en que el principio mercantil no puede llevarse por delante los derechos de las personas, que una sociedad que sea tal y no una mera suma de individuos atomizados y atentos a su interés egoísta, no puede dejar a los “perdedores” abandonados a su suerte. El Observador dirá que algunos de los beneficiarios se gastan la exuberante suma de 1.300 pesos en vino o pasta base, pero yo digo que es un imperativo categórico (sí, ese del que hablaba Kant) impedir que en este país siga habiendo un 50% de niños viviendo en la pobreza y que para eso no podemos esperar a que la torta crezca.

Si en materia económica el gobierno puede reclamar cierta paciencia y benevolencia de los ciudadanos, no ocurre lo mismo en otros terrenos, en los que las transformaciones llegan en cuentagotas. Aquí las cosas no dependen en absoluto de determinaciones que el gobierno no pueda controlar.

En el terreno de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura se creó una expectativa muy superior a los resultados. De todas formas, sería absurdo negar que, a pesar de haberse encontrado únicamente los cuerpos de tres de los casi 200 desaparecidos (e identificado a dos de ellos), la sola iniciativa del gobierno creó una situación nueva, diferente al muro de silencio con el que se toparon durante veinte años quienes reclamaron verdad y justicia. Sin embargo, nuevamente aquí, la actitud del gobierno parece ser la de “sí, pero no”. ¿Quién mandó parar la ley interpretativa de la ley de Caducidad que redactó un grupo de legisladores del FA y que hubiera servido para superar las justificaciones de nuestros magistrados para no procesar a torturadores y genocidas? ¿Por qué no se deroga lisa y llanamente la ley de Caducidad? ¿Se va a deteriorar el clima de inversión? ¿Cómo es posible que el presidente no haya destituido a los comandantes de las tres armas que hace unos meses presentaron unos informes sobre la represión bajo la dictadura que eran una explicación/justificación vergonzosa de lo sucedido, llena de eufemismos y medias verdades? ¿Qué explicación hay para que siga en su cargo un comandante de la Fuerza Aérea que admitió que condujo un avión que trasladó detenidos desde Argentina a Uruguay y que hoy están desaparecidos? ¿Por qué el gobierno de izquierda no plantea el debate acerca de qué hacer con las Fuerzas Armadas de este país? ¿Para qué las necesitamos, por ejemplo, si es que las necesitamos?

Parecería que el gobierno está más atento a los previsibles reproches que le formularán quienes perdieron las elecciones que a quienes le dieron el voto para que gobernara. Eso se nota en la llamada Ley de Humanización del Sistema Carcelario, cuyo único propósito es respetar los derechos de las personas detenidas y los compromisos asumidos por Uruguay al firmar el Pacto de San José de Costa Rica, que entre otras cosas obliga a poner en libertad a los presos que llevan más de dos años detenidos sin condena. La histeria reinante en materia de seguridad nuevamente “licuó” el proyecto inicial, que era más ambicioso, pero es la primera vez en años que escucho a una autoridad del ministerio del Interior diciendo que el problema no se resuelve construyendo más cárceles ni aprobando leyes más represivas y que el Estado no puede seguir violando los derechos humanos de miles de detenidos.

Hay algunas otras áreas en las que mi conocimiento superficial de lo hecho hasta aquí me impide hacer un juicio ecuánime, aunque no parece que me esté perdiendo nada extraordinario. Al menos en terrenos como el de la educación y la salud, en los que la izquierda había prometido grandes y justicieras reformas. Otro tanto sucede con la democratización de los medios de comunicación, en los que no se avizora el menor cambio. Con las excepciones de algunos bodrios de Telesur y el nombramiento de una nueva directora en el canal estatal, tal vez en agradecimiento a los servicios prestados durante la campaña electoral (pues otros méritos no se le ven), lo que se aprecia en los medios son las mismas dunas erectas del desierto de siempre. Entretenimientos dudosos y espectáculos a granel para suscitar emociones. Educar y reflexionar, jamás. Es que con el monopolio de ciertos grupos económicos en la TV, y La República como “alternativa”, no se debería esperar nada diferente.

Finalmente, hubo cosas francamente penosas, como la ya indisimulable apuesta a encontrar algún acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en detrimento del MERCOSUR. Dado que el MERCOSUR pasa por horas bajas, no hagamos nada para reanimarlo, enterrémoslo definitivamente, y con ello cualquier atisbo de que este país insignificante pueda siquiera hacer escuchar su voz en el escenario internacional.

Pero hubo peores. Si en algo estábamos relativamente bien en este país era en la muy moderna y laica separación entre Estado y religión. Una buena tradición liberal de este país es (¿era?) la arraigada idea de que en asuntos religiosos y morales, las leyes no tienen nada que prescribir ni imponer. Cuando en otros países las personas estuvieron y están cortándose el cuello o pegándose tiros en la nuca en nombre de sus respectivos dioses, y cuando en otros las leyes están inspiradas en la Biblia o el Corán, uno piensa: ‘después de todo, al menos en esto no estamos tan mal’. Hasta que llegó fray Tabaré y empezó a poner estatuas del Papa, envió a la primera dama al Vaticano para asistir a funerales pontificios y, lo peor de lo peor, anunció que así caigan rayos y centellas, en este país no se legalizará el aborto, con el peregrino argumento de que él está en contra porque tiene sus convicciones científicas y morales y que si la ciudadanía no lo entiende, peor para ella. Esas iniciativas, como la cruzada contra el cigarrillo, tienen la impronta personal del presidente, y a pesar de que algunos de sus compañeros de ruta murmuran alguna protesta, terminan tragando saliva y haciendo la venia como soldados. De modo que debemos esperar que esta moralina reaccionaria vaya in crescendo. De la izquierda de otras latitudes (incluso de la más radicalmente socialdemócrata) uno espera cierta actitud libertaria en lo que atañe a usos y costumbres y a terminar con las cortapisas al ejercicio de las libertades en asuntos que no afectan a terceros (consumo de drogas, matrimonio homosexual y cualquier otro comportamiento “desviado”). De la izquierda doméstica, en cambio, sería temerario esperar algo semejante.

Este apretadísimo resumen no pretende agotar los temas tratados, pero sí sacarlos del pantano de la discusión puramente ideológica. Sé que de los asuntos que he abordado se puede decir mucho más y que hay otros a los que ni siquiera me he referido, porque en comparación con los primeros me parecen insignificantes, como la participación en las maniobras Unitas o el envío de tropas a Haití… a pesar de que muchos se rasgaron las vestiduras a causa de estas súbitas mutaciones de la izquierda y un diputado socialista hasta renunció por esos motivos, al parecer porque en ello le iba su “identidad”. Lo único que cabría agregar a propósito de ambos temas es que se echa en falta una explicación de por qué la mayoría del Frente Amplio cambió tanto respecto a cuando estaba en la oposición (lo que no supone sentarla en el banquillo de los acusados por el hecho mismo de haber cambiado de postura, que después de todo es un síntoma de inteligencia cuando las circunstancias así lo ameritan).