Voltaire

Hace demasiados años ya un profesor de química que tuve que padecer durante un par de cursos pronunció una frase que por lo visto me quedó grabada. Entre probetas, tubos de ensayo y fórmulas imposibles soltó un “somos un país de opereta”. Era 1971 y el hombre estaba indignado por la fuga de más de un centenar de tupamaros de la cárcel de Punta Carretas.

No es que quiera estar a la altura de aquel químico pachequista, pero ¿qué se podría decir ahora, en 2006, de la fuga de un militar preso a punto de ser extraditado a Argentina por crímenes de lesa humanidad? ¿Que somos un país bananero? Sería un comentario trivial y previsible. ¿Un país vacuno? Tampoco. Esos adjetivos evocan a un resignado lamento por la falta de eficacia a la hora de mantener tras las rejas a un reo como el coronel retirado Gilberto Vázquez. Pero su fuga no fue el resultado de impericias técnicas (después de todo los presos se fugan en las repúblicas bananeras, en las bovinas y en las industriales) ni de las anunciadas complicidades con las que contó para salir como Perico por su casa del hospital militar. Aquí no faltó impericia, sino que sobró ingenuidad. Por eso el episodio es más grave. Porque la ingenuidad o la confianza excesiva de quienes tenían que garantizar que el coronel Vázquez no se fugara y fuera sometido a la justicia es un asunto político. Las convicciones íntimas de la jerarquía militar, de la ministra de Defensa y de todo el gobierno sobre el honor y la palabra empeñada de un militar acusado de crímenes atroces no tienen aquí arte ni parte. La confianza es un ingrediente sin el cual no existiría la amistad, por ejemplo, pero para los asuntos de la polis están las leyes y los procedimientos democráticos.

Empecemos por el principio. Lo primero que llama la atención es que un acusado de estar involucrado en un asesinato y el robo de una criatura recién nacida y cuya extradición solicita otro país no estuviera preso. Se nos dice que sí lo estaba. Pero no puede decirse seriamente que un coronel retirado esté preso cuando se encuentra en un cuartel, con teléfono celular y un arma en el cajón de la mesita de luz. Y que cuando pidió para concurrir al hospital militar lo hizo con un militar (uno solo) como custodio. Si no tuviera la gravedad que tiene, se diría que el episodio fue un chiste.

La fuga es apenas un eslabón de una larga cadena de despropósitos políticos. Los militares “detenidos” están acusados de los peores delitos y a la espera de una resolución de la justicia para ser extraditados (y la fiscalía ya se pronunció en el sentido de que hay motivos para dar curso a la extradición). En esas condiciones, no se entiende que el comandante en jefe del Ejército de un Estado democrático los trate como si fueran camaradas caídos injustamente en desgracia, que ahora los vaya a visitar a la cárcel, que les dé todo su apoyo moral y legal, que se constituya personalmente en garante de su buen comportamiento (léase que no se van a fugar) y que, además, nos hable de honor, fidelidad y otros atributos que tanto escasean entre los militares de este país. El proceder del comandante en jefe, Carlos Díaz, no es un hecho aislado. Algo similar pasó con los “perejiles” (Fernández Huidobro dixit) extraditados a Chile por sus responsabilidades en el secuestro y asesinato del agente de la dictadura pinochetista Eugenio Berríos. Los delincuentes fueron enviados a Chile en un avión militar y recibieron solidaridad, asesoramiento y defensa legal de las Fuerzas Armadas uruguayas. ¿Por qué? Son unos vulgares criminales con los que una institución del Estado no tiene por qué solidarizarse ni por qué defender. Y si lo hacen sólo por el hecho de que son militares, como ellos, entonces se convierten en cómplices de sus fechorías, lo que no es menos grave, por cierto. Es como si un sindicato defendiera y le diera todo su apoyo a uno de sus miembros acusado de violación alegando que es o era afiliado al sindicato. Entre otras cosas por esa solidaridad Díaz no puede estar un minuto más en su cargo.

Ya sabemos por qué los acusados gozaban de tanta libertad. Porque el gobierno –al parecer imbuido de la idea de que seguimos en transición y no en una democracia desde hace más de veinte años, ya que de otra forma no se entiende tanta contemplación– le tomó la palabra al teniente general Díaz y confió en que ella bastaría para mantener recluidos a los reos. Dicen que la confianza mata al hombre. No sé si es cierto o no, pero quedó demostrado que el cumplimiento de la ley no puede depender de la confianza, particularmente cuando dicha confianza es infundada. ¿Puede confiarse en un general que durante la dictadura no era precisamente un cadete? ¿Basta para absolver al gobierno el argumento de que fue algo ingenuo? ¿No tenía el gobierno suficientes elementos como para haber sido un poco menos confiado? Es demasiado grave el hecho de la fuga como para conformarnos con la explicación de que el gobierno confió en el comandante en jefe, que éste confió en el general Manuel Saavedra, jefe de la división I del Ejército donde estaba “detenido” Vázquez, y que Saavedra confió ciegamente en el torturador y por eso le permitió moverse a su aire dentro y fuera del cuartel. Parece que nadie repara en que aquí hubo (i)responsabilidades políticas. Estaríamos entre gente de confianza. Lo único que habría pasado, según la versión oficial, es que hubo uno que traicionó esa cadena virtuosa de fidelidades.

El gobierno debería destituir a los generales Saavedra (por incapaz y/o cómplice de la fuga de Vázquez) y Díaz (fue a pedido suyo, y con su garantía personal, que el coronel retirado quedó detenido en un cuartel y no en la cárcel). Y alguien en el gobierno debería asumir la responsabilidad política por esa irresponsable “ingenuidad”. No se me ocurre otra persona que la ministra de Defensa, Azucena Berruti, para asumirla. Berruti debería presentar ya su renuncia, sobre todo después de declarar en el Senado, antes de que Vázquez fuera atrapado nuevamente, que no se tenía confianza para resolver el caso. Pero la ministra no presentó la renuncia. Siempre me pregunté qué tiene que pasar en este país para que un ministro renuncie…y no termino de encontrar la respuesta. No sólo no dimitió Berruti, sino que incomprensiblemente el presidente rechazó la renuncia que presentó el comandante Díaz. Lo desconcertante es el motivo que alegó para no aceptársela: porque mantiene en todos sus términos la confianza en el general Díaz (!!!). Díaz no pudo cumplir un compromiso asumido bajo invocación de su honor y otras pamplinas y el gobierno dice que sigue confiando en él. ¿Me permiten una expresión coloquial? Parece joda. Sobre todo si se tiene en cuenta que mientras le renovaba la confianza al comandante trasladaba sin más trámite al resto de los extraditables desde los cuarteles a la cárcel central. Cualquiera diría que el gobierno no confía más en el comandante Díaz.

Estos hechos no hacen otra cosa que volver a poner sobre el tapete la política militar del gobierno, su incomprensible tolerancia con las siempre ambiguas declaraciones de la jerarquía castrense sobre los tiempos de la dictadura y su repetida pasividad ante los actos de solidaridad concreta de esa misma jerarquía con individuos sometidos a la justicia por cometer delitos graves. Los militares que aún no comprendieron que estamos en democracia, deberían volar. Y si el presidente no encuentra a un general confiable que acepte el cargo de comandante, pues que nombre a un coronel, o a un capitán, o a lo que sea. Lo apoyaremos.