Voltaire
Y finalmente el gobierno le dará pasto a las fieras. Tanta demanda de seguridad, tanto clamor de orden terminaron dando resultado. El gobierno apronta un proyecto de ley para autorizar los allanamientos nocturnos sin orden judicial, una medida anti-constitucional por donde se la mire y que atenta contra los derechos democráticos.

Lo malo para los ciudadanos es que se trata de un recorte de las libertades y garantías constitucionales y lo malo para el gobierno es que ni así consigue el beneplácito de la nutrida falange partidaria del garrote, que antes acusaba al ministro del Interior de ser condescendiente con los delincuentes y ahora lo acusa de pasarse para el otro lado. No hay nada que hacer, palo porque bogas y palo porque no bogas.

Pero dejemos de lado a este coro afónico de tanto pedir cárcel y leyes más severas y concentrémonos en lo que realmente importa: la significación de una disposición legal de esta naturaleza para los ciudadanos en una sociedad democrática. Las garantías individuales consagradas en la Constitución (desde la intervención de un juez para autorizar la detención de una persona, salvo en caso de delito flagrante, hasta la presunción de inocencia, pasando por el derecho de expresión, manifestación y reunión y un largo etcétera) no son un capricho de sus redactores ni una ocurrencia de gente que no tenía otra cosa mejor que hacer. Tampoco una pura formalidad, como suelen argüir los dictadores de todos los colores, supuestamente defensores de una “democracia real”, que por supuesto faltó con aviso cada vez que usurparon el poder (aquí y en otras partes del mundo, tanto en nombre del modo de vida occidental como del socialismo). Discúlpenme, pero yo no conozco ninguna democracia que no haya estado obligada a respetar determinadas “formas” para ser tal.

Lo grave de estas iniciativas es que parecen ignorar que las libertades democráticas no están inmunizadas contra las inclinaciones autoritarias, como creen quienes las consideran una conquista adquirida de una vez y para siempre. Ya tenemos demasiada experiencia, en este y otros países, acerca de las consecuencias de saltarse a la torera las garantías individuales consagradas en la Constitución como para no hacer sonar las alarmas. No percibir el peligro que supone sacrificar algunos derechos constitucionales en el altar de la seguridad sólo puede traer consecuencias de las que tarde o temprano nos arrepentiremos. O no, porque nunca faltan los que entre libertad y seguridad elegirán siempre a la segunda.

Un buen ejemplo de esta idea de que la democracia es un trofeo que una vez adquirido ya no podrá serle arrebatado a su poseedor es el indignado “argumento” del subsecretario del Interior, Juan Faroppa, en el sentido de que no se puede poner en duda el compromiso del Frente Amplio con las libertades, porque ya demostró en el pasado que luchó para que se respetaran los derechos humanos y se restaurara la democracia. No, estimado Faroppa, las cosas no son tan sencillas como aparentan. Esa condición que reclama para sí no se obtiene con un examen o un título recibido en tiempos pasados que nos autoriza a ejercer de demócratas para el resto de la vida (reconozco, en cambio, que los malos antecedentes en esta materia sí suelen ser irrevocables).

La violación de los derechos humanos no ocurre únicamente cuando se da un golpe de Estado, como bien sabemos los que vivimos bajo el régimen de Pacheco Areco en este país. No estoy diciendo que el gobierno del Frente Amplio se encamine hacia al autoritarismo. Simplemente transmito mi preocupación ante un proyecto que suprime de un plumazo un derecho que forma parte de una de las pocas tradiciones políticas de este país que uno puede reivindicar sin avergonzarse (otros se conmueven con tradiciones diferentes, como los degüellos masivos durante las guerras civiles… qué le vamos a hacer). En pocas palabras, estas líneas sólo pretenden ser un toque de atención frente a cierta frívola despreocupación por asuntos supuestamente “formales” y a la pretensión de que basta con exponer certificados de buen constitucionalista para recibir un aprobado: de creer al ministro y al subsecretario del Interior no hay motivo para la inquietud. Dicen que la finalidad de estos “retoques” legislativos es mejorar la eficacia de la labor policial. Es lo que siempre han dicho todos los liberticidas sin excepción. El detalle es que en este caso la eficacia no se lleva bien con los derechos.

Para los que no lo tienen presente, el artículo 11 de la Constitución vigente dice textualmente que “el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. De modo que es insostenible la pretensión de que existe una armonía perfecta entre el nuevo proyecto de ley y la Constitución.

Quedaría por discutirse la dudosa eficacia de estos “retoques” legales para los propósitos que supuestamente los animan, pero no creo que convenga iniciar una polémica de ese tipo. Nos deslizaríamos hacia una controversia del todo ajena a lo que aquí se pretende. Las mentes colonizadas por la razón instrumental quieren que nos limitemos a discutir si los allanamientos nocturnos sin orden judicial aumentarán la seguridad de los ciudadanos y yo pretendo discutir si es aceptable flexibilizar la Constitución para aumentar la seguridad. Los que respondan afirmativamente a esta última cuestión no deberían sorprenderse luego de que casi la mitad de los latinoamericanos estén dispuestos a aceptar un gobierno autoritario si mejora su situación económica.