Voltaire

Nuevamente el grito en el cielo. Esta vez los partidarios del orden establecido se indignan porque el profesor Carlos Demasi, responsable de un curso de entrenamiento para docentes que dictarán clases de historia reciente a los estudiantes de Secundaria, hizo una serie de afirmaciones que consideran intolerables. Los defensores de nuestras tradiciones piden la cabeza de Demasi.

Al parecer este profesor merece ser conducido a la hoguera porque tuvo la osadía de hacer algunas afirmaciones que cuestionan ciertas creencias sagradas inherentes al relato que blancos y colorados (y aunque a primera vista no lo parezca, también una parte de la izquierda) tienen de los años 60 y 70. ¿Qué dijo de “terrible” Demasi como para que algunos legisladores blancos quieran citar al ministro de Educación al Parlamento? Dijo varias, pero al parecer las más “agraviantes” (?) para nuestros políticos tradicionales fueron que Wilson Ferreira condujo a su partido a la catástrofe electoral en las primeras elecciones posteriores a la dictatura, que la presión de la administración demócrata de Jimmy Carter fue decisiva para la caída de la dictadura en este país, que en los meses previos al golpe de Estado había en todos los partidos políticos importantes sectores que “apostaron sus boletos” a alguna fracción militar “peruanista” o “institucionalista” (pero en cualquier caso golpista) y que no está claro qué fue antes si la guerrilla o la represión estatal.

Me temo que los blancos tienen la pretensión de que la historia de su partido la deben escribir ellos mismos o historiadores fieles a su partido. ¿Se imaginan en dónde terminaríamos con una historia de los Tupamaros escrita por Fernández Huidobro, la del papel de los colorados en la transición por la mujer de Sanguinetti y la de los méritos y deméritos de Wilson Ferreira por algún investigador blanco como hueso de bagual?

El saber historiográfico es una disciplina muy diferente del relato glorificado y mitificado que los protagonistas políticos suelen hacer de su propio pasado y está a años luz de las construcciones hagiográficas. Si no se tiene la pretensión de que nadie “extraño” husmee en nuestra “propia” historia no se entiende qué resulta tan agraviante de las afirmaciones de Demasi. La historia no es una ciencia exacta y, por tanto, admite diferentes interpretaciones de los hechos del pasado; la de Demasi es una de ellas y el senador Gallinal tiene derecho a tener otra. Lo que de ninguna manera quiere decir que por no ser una ciencia exacta cada cual tenga perfecto derecho a decir sobre el pasado lo que se le cruce por la punta de la nariz. O que las autojustificaciones de todo lo que ha hecho una fuerza política tengan el mismo estatus de verdad que una investigación historiográfica seria y fundada. En absoluto: la labor de los historiadores está sujeta a determinado rigor metodológico, a la consulta de determinadas fuentes documentales y/o personales que avalen lo que se afirma. En suma, que los historiadores tienen que justificar lo que dicen y, obviamente, las interpretaciones que difunden. El senador Gallinal no puede intentar linchar a Demasi simplemente porque no “le gusta” lo que afirma. Demasi se apoya en determinados hechos, datos y documentos y el senador, en todo caso, debería intentar refutar lo que dice el historiador por la misma vía pero no intentar silenciarlo para evitar que siga diciendo lo que tiene para decirnos.

Se entiende perfectamente la urticaria que esas afirmaciones provocaron en parte de nuestros políticos: socavan algunos lugares comunes y mitologías sólidamente instaladas en el imaginario patrio. La idea de que Ferreira Aldunate condujo a su partido a la catástrofe (fundada en la comparación de los resultados de las elecciones internas de 1982 y las nacionales de 1984) erosiona la idea de un líder carismático infalible. Su interpretación acerca del papel de la administración demócrata en el aislamiento de la dictadura uruguaya choca frontalmente con el relato del pueblo-uruguayo-que-siempre-resistió-a-la-tiranía (tan caro no sólo a los blancos, sino a buena parte de la izquierda). Se le puede poner el reparo de que no fue el único factor que contribuyó a terminar con la dictadura, pero de ninguna manera que sea una afirmación traída de los pelos.

Que en todos los partidos políticos había en los meses previos al golpe de Estado dirigentes inclinados a buscar una salida anti-democrática a la crisis política (a través de unos fantasmagóricos millitares “peruanistas” que nunca terminaron de aparecer) o para deshacerse del fascistoide Bordaberry por vías no demasiado ortodoxas también está fuera de cualquier duda razonable. Se puede consultar la colección del semanario Marcha y la, al menos en ese punto, clarividente posición de Carlos Quijano. Lo mismo puede decirse sobre el hecho de que una buena parte del Partido Nacional apoyó a Pacheco Areco y Bordaberry y sus políticas autoritarias, que incluían clausura de prensa opositora, torturas, presos políticos, etc. La afirmación más controvertida es sin duda la mencionada en último término, la de que no puede saberse qué empezó antes, si la guerrilla o la represión estatal. En este mismo blog hay un artículo en el que se cuestionan los relatos “a la carta” que empiezan a divulgarse sobre los años 60 y 70, entre ellos el de José Mujica, que ahora pretende que los Tupamaros se crearon nada menos que en 1963 o 64 para “detener un inminente golpe de Estado”. Los Tupamaros, me parece, no se crearon para responder a ninguna ofensiva represiva en el país, sino por una razón mucho más ideológica como fue la influencia de la revolución cubana en el continente. Pretender que el tratamiento represivo que dieron los gobernantes blancos a los conflictos obreros de fines de los 50 y principios de los 60 (no demasiado diferente, por lo que sé, al de cualquier democracia actual) puede llegar a “explicar” el surgimiento de la guerrilla tal vez sea el aspecto más débil de las afirmaciones de Demasi. Sin pretender ponerme en abogado defensor del profesor Demasi, de todos modos creo que merece atenderse lo que en el fondo pretende poner en evidencia: que mucho antes del golpe de Estado (aunque no tanto antes como pretende ahora el MLN) ya no había en este país una democracia impoluta, sino un régimen autoritario, con presos políticos, torturas, bandas fascistas protegidas por la Policía, censura de prensa, desconocimiento permanente del Parlamento, etc.

Tengo la sospecha de que estas escaramuzas que ahora suscitan estas afirmaciones de Demasi son una mera excusa que encontraron los blancos y colorados para emprender la gran batalla, que no es otra que resistir la iniciativa de las nuevas autoridades educativas de enseñar la historia reciente de este país a los estudiantes secundarios. Da toda la impresión de que blancos y colorados quieren congelar la historia reciente en la actual vaguedad que rodea a los relatos mediáticos y simplificadores sobre la dictadura que más consumen los adolescentes y jóvenes. No sea cosa que se empiece a hablar demasiado de su papel en los años previos al golpe, durante la dictadura y la transición y la idílica versión que dan de sí mismos. Lo interesante es que esta experiencia tal vez empiece a tener otros detractores con el paso del tiempo. Por lo que conozco a Demasi, su interpretación de la historia reciente también choca en muchos aspectos con los lugares comunes de algunas “historias” de izquierda.

Digo que esto es una coartada, porque muchos de ustedes tal vez hayan olvidado que la cruzada contra la enseñanza de la historia reciente en los liceos empezó hace unos cuantos meses, el año pasado, mucho antes de que Demasi abriera la boca, no bien se conoció esta iniciativa de las nuevas autoridades.

¿Por qué no debería enseñarse la historia reciente a los adolescentes?
Veamos los cargos que se le formulan a esta saludable iniciativa de las autoridades de la educación pública

- los años de la dictadura están demasiado cerca en el tiempo como para abordarlos con la suficiente perspectiva histórica y distancia crítica
- muchos de los docentes que en principio deberían dictar esos cursos estuvieron comprometidos políticamente en aquellos años o fueron contemporáneos de la dictadura y, por ende, no tuvieron más remedio que padecerla. En cualquiera de los dos casos no estarían, se dice, en las mejores condiciones para mantener la neutralidad valorativa que –está implícito en la “acusación”– deben tener los profesores en general y particularmente los que abordan temas controvertidos con sus estudiantes

Si se acepta el primer argumento no debería tratarse en la asignatura de historia ningún acontecimiento o fenómeno del pasado antes de que hayan transcurrido ¿cuántos años?, ¿cuarenta?, ¿cincuenta?, ¿o más? ¿Después de que pasen cuántos años de ocurridos los hechos objeto de estudio se supone que historiadores y docentes adquirieron perspectiva histórica y distancia crítica? Con ese criterio, los estudiantes secundarios de los años 60 y 70 jamás debieron haber abordado algunos capítulos clave de la historia contemporánea que marcaron sus propias vidas y cuyo tratamiento en la asignatura de historia está, por eso mismo, plenamente justificado: el fascismo, la II Guerra Mundial y la llamada Guerra Fría por poner unos pocos ejemplos.

La Revolución Francesa, por ejemplo, no fue incluida en los programas de estudio porque hayan pasado más de dos tranquilizadores siglos desde su ocurrencia y eso nos permita abordarla con neutralidad y sosiego, sino porque se juzga importante para comprender el mundo en que vivimos. Hay en este indignado alegato contra el estudio del período de la dictadura en los liceos un supuesto implícito: que respecto a lo que ocurrió en el pasado se puede llegar, y tarde o temprano se llega, a una versión definitiva, acabada y de una vez y para siempre acerca de “lo que ocurrió”. En un momento dado la autoridad académica laudará y dirá “esto fue lo que ocurrió” y docentes y alumnos dirán “amén”. Puro fetichismo. Como cualquier otro saber, el saber historiográfico también es provisorio: nunca, so pena de convertirlo en dogma, se podrá decir “ahora sí llegamos a un punto en el que no hay riesgo de que esto pueda ser contestado”, “ahora sí tenemos distancia crítica y perspectiva histórica” como para tratar esto ‘sin riesgos’. Aún hoy la “distante” Revolución Francesa sigue siendo motivo de controversia académica. Nada cambia más que el pasado. De modo que poner ese “ahora sí podemos hablar de este asunto porque ya transcurrió suficiente tiempo” como condición para incluir un tema en un programa de historia, condenaría a los estudiantes a la ignorancia. Los estudiantes siempre podrán entender que un profesor les diga que sobre determinados hechos los historiadores siguen sin ponerse de acuerdo. No les va a venir un ataque de pánico o una incertidumbre mayor a la que ya padecen por vivir en el mundo en el que viven.

Respecto al segundo cargo, es cierto que no hay que descartar que algún profesor caiga en la tentación de cumplir con el “mandato revolucionario” de lavarle el cerebro a sus educandos, pero amputar olímpicamente un capítulo tan importante de la historia del siglo XX para no correr ese riesgo sería como dejar de construir edificios de altura para evitar que algunas personas se arrojen al vacío.

La neutralidad valorativa también tiene sus bemoles. La dificultad (o para hablar claro, la imposibilidad) de semejante pretensión no reside tanto en que los profesores estén intrínsecamente incapacitados para mantener objetividad respecto al pasado y distancia respecto de sus propias ideas políticas, sino en que a la hora de abordar la historia hay que seleccionar y omitir, destacar, jerarquizar y olvidar, porque la historia como saber no consiste en lo que ocurrió en el pasado, sino en lo que los historiadores e investigadores seleccionaron del caótico y farragoso devenir para dejar constancia a la posteridad. El resto (y es mucho) se pierde en la noche de los tiempos. De modo que NO incluir el período de la dictadura en los planes de estudio es también una elección, nada neutra y objetiva por cierto.

Hay más para agregar. Tácitamente se da por buena y respetable esa neutralidad frente a determinados episodios del pasado. En el caso de la dictadura uruguaya está por verse si las bondades de la “objetividad” son tales, como pretenden los que rechazan el tratamiento de la época de la dictadura en las aulas. Si con “objetividad” se hace referencia a que no se pueden ignorar datos contrastados, sobre los que en el estado actual del conocimiento existe un cierto consenso entre los historiadores, de acuerdo. Pero si por “objetividad” se entiende –en relación con la dictadura uruguaya, que es el tema que nos atañe– alcanzar una versión más o menos edulcorada, más o menos armoniosa, que no moleste a nadie, hay que decir que ello es lo opuesto a educar. Educar es, de alguna manera, “civilizar”, es decir socializar a los futuros ciudadanos en aquellas reglas que la sociedad considera virtuosas para la vida en común. Por lo tanto, valorar. No desearía que a mis hijos los eduquen tan “objetivamente” que terminen considerando que una dictadura es tan respetable como una democracia o que torturar y asesinar opositores es un asunto de opiniones o de gustos. O que el docente no debe mover una pestaña o hacer un gesto de desagrado a la hora de hablar, por ejemplo, de los crímenes perpetrados por los nazis… porque ello equivaldría a violar el principio de laicidad.

Conviene recordar algo que se suele olvidar demasiado a menudo. Los niños y adolescentes no son propiedad de sus padres. No son un objeto. Tienen derechos y por eso mismo existe una legislación que los protege. Los padres no pueden –aunque cierta cultura propietarista así lo pretenda– hacer lo que se les ocurra con ellos. No pueden, por ejemplo, maltratarlos o privarles de alimento y educación. La aclaración viene a cuento porque, al igual que respecto a la religión o a la educación sexual, detrás de muchas “preocupaciones” por el abordaje en clase de la historia de la dictadura existe la idea de que “ya le contaré yo lo que me parezca que hay que contarle. Es un asunto mío y no de la escuela”. Pues no señor, señora, no es un asunto suyo únicamente. Por poner un ejemplo sobre el que tal vez haya más acuerdo: ¿una sociedad democrática debe dejar acaso al libre albedrío de los padres la valoración de un fenómeno como el racismo? ¿Tienen los padres derecho a inculcarle a sus hijos la idea de que hay razas superiores e inferiores? ¿Es ese un asunto “privado” en el que la sociedad no debe intervenir? Si la respuesta a esta última pregunta es negativa, como creo que debe serlo, nada mejor que el sistema educativo para tomar cartas en el asunto.