Nuestro sistema judicial nos tiene acostumbrados al misterio que encierra el ministerio público. Se trata de algo intangible, de lo que no se nos habla; la administración de jusitcia en este país pertenece a un reino de fantasía que cree estar más allá de la comprensión de los ciudadanos. ¿Cómo comprender si no que de un día para el otro, allá por 1973, los jueces pasaran de servir a un Estado legal a otro ilegal, sin que se les moviera un pelo?, ¿quién oyó hablar de jueces destituidos por defender a la democracia cuando ésta se vió avasallada? Para ellos no había ninguna diferencia, siguieron siendo jueces y fiscales, sigueron juzgando y condenando en nombre de un Estado que ya no era el que debía ser. La justicia debe ser independiente, pero no hay ley alguna que nos obligue a respetar a los magistrados como si fueran ajenos al devenir político.

Por tradición o por costumbre, nuestros magistrados parecen estar obligados a encontrar culpables y a castigarlos cuando alguna cosa sale mal. Nunca se sintieron obligados a castigar la tortura o la desaparición de personas, o el simple y llano asesinato de los que se opusieron a la dictadura. Se sienten, sin embargo, obligados a ejercer una especie de celo justiciero cuando se trata de hacer que algún pobre diablo pague por un error, ¡ahi sí que son implacables!

En los últimos días hemos sido testigos de terribles castigos impuestos a obreros con el fin de exonerar a los verdaderos culpables. Hemos visto cómo un chofer de ómnibus marchó a la cárcel por haber chocado de atrás a un camión repleto de obreros de UTE, mientras todos callan sobre la responsabilidad de esta última, que obliga a sus obreros a viajar, como el ganado, en la caja de un camión, en vez de hacerlo en un ómnibus como normalmente lo hacen las personas. Hemos visto cómo un juez condenó a una enfermera por un error, cuando el verdadero responsable, el Ministerio de Salud Pública, que lo mira desde afuera, debería estar en el banquillo de los acusados por la negligencia que supone mantener un sistema que obliga a una enfermera a atender a 30 pacientes cuando no debería estar a cargo de más de seis. Se procesa por homicidio culpable a un obrero de la Administración de Ferrocarriles del Estado por la tragedia de Young, cuando debería castigarse al Canal 10 por hacer marcketing con una causa filantrópica sin importarle las posibles bajas. Quieren que nos quedemos satisfechos porque alguien que no apretó un freno a tiempo "pagó" por los muertos de Young, cuando los verdaderos culpables no solamente no son castigados, sino que reciben el beneplácito de un pueblo que debería, a todas luces, repudiarlos.

En el Uruguay de hoy parecería que cotiza más alto la venganza de la justicia contra un pobre individuo --el chofer del ómnibus, el maquinista de AFE o la enfermera del hospital Pasteur-- que la justicia de hacerle pagar a la UTE por llevar a sus obreros en la caja de un camión o al MSP por permitir que uno de sus pacientes muera a causa de su negligencia, o al Canal 10 por querer hacer de filántropo mediante una muestra de falsa generosidad que termina en tragedia.

La justicia uruguaya sigue su curso. Ningún polìtico se anima a denunciarla como lo que es, una fraternidad corrupta que imparte justicia de acuerdo a cómo soplen los vientos.