Voltaire

¿Cómo explicarle a un lector que no vive en esta provincia el último gran episodio de corrupción que ha tenido lugar en la Banda Oriental y que ha monopolizado las portadas de los periódicos, los noticieros de TV y los indignados discursos de los tribunos en la Asamblea?

Si digo que toda la ruidosa alharaca que se ha levantado se debe a que un senador de la República falsificó un documento oficial para ahorrarse los 1.000 dólares que debió haber pagado por la cirugía a la que fue sometido en un hospital público, quedará perplejo. Expliquémosle, pues, a ese posible lector lo que de otra forma sólo puede ser comprendido por los residentes de esta comarca, habituados a que los predicadores locales conviertan un simple movimiento de olas en un tsunami.

Las cosas parecen haber discurrido de la siguiente manera: el senador oficialista Leonardo Nicolini tenía que someterse a una intervención quirúrgica. Lo habitual en esas circunstancias es que un trabajador legalmente contratado sea asistido en el sanatorio correspondiente a su seguro médico (en el reino de la desregulación laboral todo es posible, pero en principio demos por bueno que al menos los 31 ciudadanos uruguayos que forman la Cámara de Senadores están legalmente contratados y tienen seguro médico). Sin embargo, el ahora defenestrado senador Nicolini no tenía tal seguro. O sí lo tenía, pero lo cierto es que vaya a saber uno por qué inescrutables razones prefirió que lo operaran en uno de los destartalados hospitales públicos de la patria. El rumor más extendido dice que en el hospital de marras había un equipo médico de confianza de Nicolini y que por eso quiso que lo operaran allí. El detalle –imposible de aprehender de buenas a primeras por el extranjero– es que en Uruguay los hospitales públicos no son exactamente públicos. Para que a uno lo atiendan en uno tiene que ser pobre, rematadamente pobre. Y para dar fe de tal condición existe un certificado de pobreza, el llamado "carné de pobre”. Es una tradición nacional lo de institucionalizar y legalizar las cosas. No vaya a creer que el Estado no está preocupado por terminar con la indigencia. Sí que lo está: lleva décadas en la tarea. Y como nunca podemos estar seguros de los resultados de semejante empeño, nuestras autoridades decidieron legalizar a los pobres y darles un documento oficial. Que haya pobreza pero en la ley y el orden.

Pues bien, como el senador Nicolini no podía presentar el famoso carné de pobre, porque su sueldo asciende a casi 3.000 dólares, decidió procurárselo por vías poco ortodoxas: mintió para ahorrarse los mil dólares que debió haber pagado por la operación. Sí, ya me imagino las deducciones que debe estar haciendo el lector no uruguayo: el senador Nicolini es un mentiroso compulsivo, un idiota o un arrogante convencido de que era inmune a las pesquisas de la prensa siempre atenta a los posibles escándalos. O las tres cosas a la vez.

Y esto ha sido todo, estimados lectores extranjeros. Al senador Nicolini lo obligaron a renunciar (lo que de alguna manera habla bien de la democracia uruguaya) porque presentó un falso certificado de pobreza y no pagó una cirugía que bien pudo pagar. Y por este motivo, la prensa y todo el sistema político de este país nos están atormentando desde hace una semana. Se equivocaron de cabo a rabo si creyeron que se trataba del vaciamiento de una empresa pública o de una coima millonaria en dólares para ganar una licitación. Si es que hasta para ser corruptos somos grises y moderados en este país.

Que no se me malinterprete. Nicolini cometió un acto de corrupción, incompatible con su carácter de representante de los ciudadanos. La insignificancia de la suma en cuestión no hace al asunto. Sus camaradas de partido le exigieron la renuncia alegando que quienes tienen su investidura no sólo deben ser virtuosos, sino parecerlo (el desvelo por las apariencias es otro atributo nacional).

Dicho esto, no puede dejar de llamar la atención la desmesura de la reacción de la prensa y de la mayoría de los políticos. De creerle a este coro de moralizadores, nuestra democracia sería tan frágil que pendería de la ética de sus dirigentes.

La exagerada importancia que se le está dando al caso Nicolini está directamente vinculada con un fenómeno casi universal: la inclinación a poner la honestidad (o la deshonestidad) de los políticos en el centro de los asuntos públicos y a convertir la ética personal de cada cual en el criterio del que nos servimos para aprobar o desaprobar una política (y si la diferencia entre un partido y otro reside en la honestidad de sus miembros, entonces los adversarios necesariamente tienen que ser corruptos).

La hiperinflación del tema corrupción es propia de una época en la que la política ha sido despojada de su densidad. Cuando las ideas y propuestas acerca de cómo organizar la sociedad brillan por su ausencia, la personalidad y los atributos individuales de los candidatos ocupan el centro de la escena; cuando la política ha sido vaciada de contenido, la "moral" de los políticos se convierte en la principal preocupación de los ciudadanos; cuando en una controversia política ya no nos es posible divisar diferencias significativas, cuando todo el debate de ideas políticas discurre en una gris medianía en la que todos los gatos son pardos, "el perfil" de los políticos atrapa la atención de los ciudadanos/espectadores y cuando ya no se reflexiona sobre los fines --porque el mundo-es-como-es y nada puede cambiarlo--, sino acerca de la eficacia de los medios empleados (la técnica), los atributos personales de los gestores de la cosa pública (que es como ven los teleciudadanos a los políticos) se transforman en casi lo único que de verdad importa y, en particular, la honestidad. Así, los políticos ya no son valorados por lo que proponen de cara al futuro (tal sería la esencia de la política), sino por lo que son, por lo que representan como individuos, lo que los ubica en las antípodas de la política en el buen sentido de la palabra. Cuando lo que importa de un político son los atributos propios del individuo y no las ideas que somete a consideración de la ciudadanía, estamos fritos, nos ubicamos de alguna forma en un universo pre-político. Esta es una de las pendientes por las que se desbarranca la política en el mundo actual y no sólo en Uruguay. Lo que importa ahora no es lo que propone Mengano, sino si miente, si es buen padre de familia, si es fiel a su esposa o si roba o no roba. Entendámonos: no estoy diciendo que la franqueza o los embustes de un político resulten indiferentes. Lo que estoy diciendo es que la honestidad de un candidato es apenas una condición básica y elemental que debería darse por descontada en un político, no un mérito que merezca destacarse al mismo título (o acaso más como ocurre ahora) que sus propuestas acerca de cómo introducir mayor justicia y libertad en la vida de los ciudadanos. Si el vaciamiento de la política contribuye a centrarlo todo en la bondad o maldad de los políticos, la desmedida focalización de los medios en los episodios de corrupción contribuye, a su vez, a jibarizar aun más a la política, convirtiéndola finalmente en un mero tribunal de conductas individuales. Cuando hablamos sólo (o principalmente) de la moral o la ética de los políticos tenemos garantizada la despolitización del debate público. Cuando escucho que el gran mérito del curriculum de un político es su honestidad, no puedo dejar de pensar en lo jodidos que estamos.

Cualquiera que se tome el trabajo de hacer un relevamiento de la agenda “política” y de la prensa de este país durante la última década puede constatar que los episodios de corrupción ocuparon un lugar muy relevante en ambas, y a nadie debería ocultársele que esa relevancia obedece a la convicción de muchos tele-ciudadanos de que ése es el terreno privilegiado de la política. Y hablamos de un país no especialmente corrupto. Si el relevamiento se hace en otros países, el resultado será mucho más concluyente.

La izquierda de este país ha aportado su montaña de arena a esta lamentable deriva de la política, debido a que durante la última década antes de asumir el gobierno no dejó de basar su prédica en la supuesta deshonestidad de los políticos de derecha (“los orientales honestos versus los deshonestos”, he aquí una pieza medular de la retórica de la izquierda).

Cuando se repite hasta el hartazgo la banalidad de que sólo la ética puede salvar a la política, se introduce una lamentable confusión en esta discusión. A la política sólo la pueda salvar ella misma, es decir la recuperación de la discusión de proyectos y propuestas argumentadas. Cuando se afirma que el gran problema de la política actual es la falta de ética, se está alimentando el amasijo conceptual. Como ya dijo alguien antes que yo, ante un acto de corrupción o nepotismo el que puede tener un problema ético es el protagonista del hecho, quien tal vez llegue a atormentarse por las noches bajo la almohada, pero nosotros, los ciudadanos, lo que tenemos es un problema eminentemente político, esto es decidir qué procedimientos nos damos para controlar a los eventuales corruptos, de qué mecanismos nos dotamos para evitar que algunos sujetos con poder se sirvan de él para beneficiarse en detrimento de la sociedad, un desafío que tiene poco de ético y mucho de político.

Este reemplazo de la política por la moralina explica el significativo confinamiento del caso Nicolini a la probidad del protagonista (da la impresión de que el sentimiento más generalizado es: ‘cómo nos equivocamos con este muchacho’ o ‘qué mal elegimos’). Lo malo no es que tengamos que ocuparnos de las trapisondas de Nicolini y de los Nicolinis que vendrán. Lo malo es que no veamos que el problema que tenemos el resto de los ciudadanos es que, a todas luces, no disponemos de un sistema para controlar y sancionar a los Nicolinis, porque la democracia no es aquel sistema que garantiza que sus políticos serán santos libres de pecado, sino aquel que dispone de instrumentos eficaces para lidiar con ellos. Y eso nos incumbe a unos cuantos más que a Nicolini.

Posfacio (irrelevante) para uruguayos
La comedia de Nicolini permite hacer otras constataciones

- que la política de abrazarse a “ratas y culebras” con tal de ganar una elección tiene sus costos
- que la demagógica norma de que los legisladores y cargos políticos del MPP tengan ‘topeado’ su salario en alrededor de 20.000 pesos es complicada. Entre otras cosas no alcanza a cubrir una canasta básica. Y ante cualquier emergencia, como tener que operarse de apuro, hay que recurrir a las triquiñuelas a las que recurriría cualquier otro uruguayo que gana esa cifra.
- que el gobierno de izquierda ocultó durante unos cuantos días el episodio y reaccionó sólo después de que salió a la luz pública, lo que de nuevo demuestra que no podemos dejar librada a la clase política a un autocontrol o a lo que nos diga nuestro olfato sobre la ética de cada uno de ellos.
- que, al contrario de lo que sostenía la izquierda en la oposición, terminar con las truchadas, favores y corruptelas en la administración pública no resulta tan fácil ni se reduce a una incierta “voluntad política”.
- que los líderes de izquierda aprenden rápidamente los trucos retóricos para justificar todos y cada uno de sus actos. Y cuando eso no alcanza, se hace un juicio de intenciones contra los mensajeros de las malas nuevas. Vean si no la columna de Fernández Huidobro en La República sobre el tema: al parecer, los que denuncian a Nicolini quieren desestabilizar al gobierno, son derechistas al servicio de intereses inconfesables o quieren sacar réditos políticos.