Una grande entre las grandes reivindicaciones de la izquierda es la descentralización del Estado. Mientras sus líderes se contentan con mantener el tema de la devolución del poder a la periferia en el brasero de las declaraciones, la descentralización de la toma de decisiones se va convirtendo en uno de los jugos que nutren a las bases de poder del Frente. Esto no es simple retórica, sino una conclusión insoslayable de la nacionalización de la base frenteamplista, que hoy abarca a todo el territorio nacional e incluye a ese "interior" que siempre pareció tan lejano y sin el cual no se pueden ganar elecciones.

Desde que comenzó la gestión de Tabaré Vázquez se ha estado ensayando una suerte de descentralización de la gestión municipal en Montevideo, con resultados bastante discretos. Dejando a un lado que el proyecto de Vázquez tal como él lo encaró carece de contenido (como todos los proyectos de Vázquez), el primer problema que suscita la voluntad descentralizadora del Frente Amplio es que su interna tiende a manifestarse en la "interna" de la gestión descentralizada. El hecho de que en Montevideo no haya ninguna fuerza política organizada que pueda oponérsele contribuye a que esto ocurra. Por otra parte, sería realmente sorprendente que el partido que gobierna la ciudad estuviera dispuesto a entregar desinteresadamente parcelas de su poder sin que mediara una seria reflexión política, ya que la interna del Frente se presta a los procesos "de cocina", a los que están tan acostumbrados.

Sería mucho esperar actos voluntarios de devolución cuando en este país no existe ninguna norma constitucional que contemple la autonomía presupuestaria de las entidades territoriales que sí tienen importancia: las ciudades, los pagos, los barrios y las regiones. Desde el punto de vista territorial, este país está hecho tan al revés que confina a las entidades municipales a hacer trampitas con la patente de rodados para lograr granitos de autonomía. Porque, entiéndase bien, la autonomía no existe si no viene con soberanía presupuestaria.

Descentralizar no quiere decir abrir oficinas cibernéticas en cada barrio para hacer más fluida la relación administrativa que tiene el Estado con el ciudadano. Descentralizar es trasladar los centros de decisión hacia la periferia, y con ellos trasladar el control de los fondos que hacen posible la toma de decisiones. Lo importante no es emprender elecciones de juntas locales a todas luces "democráticas", sino emprenderlas en un marco legal que les otorgue el grado de autonomía presupuestaria que necesitan para cumplir sus funciones. Sin ella, carecen totalmente de sentido. También carece de sentido la tan publicitada movida sobre presupuestos participativos si esos presupuestos no están garantizados por la ley.

El reciente nombramiento de Enrique Rubio al frente de la OPP vino vestido con los ropajes de una reforma del Estado que contemplaría aspiraciones territoriales. Si ese proyecto tiene algo que aprender de los errores del pasado, miremos hacia la propuesta descentralizadora de Tabaré Vázquez en la IMM, la que fue y sigue siendo un truco publicitario que consiste en repartir cargos políticos sin ninguna autonomía presupuestaria. O sea, un premio consuelo no sólo para los politiquitos a quienes se han confiado los Centros Comunales Zonales, sino también para los barrios, que recibían la ilusión de alguna medida, cualquiera sea, de autodeterminación.

Además de volver a sembrar caña de azúcar en Artigas, las aspiraciones de la izquierda en lo que respecta al ordenamiento territorial y a las autonomías, brillan enteramente por su ausencia. La izquierda jamás debatió si es racional o no dividir el territorio en 19 parcelas chuecas que tienen poder para diseñar las chapas de los autos, pero que carecen de la potestad de organizar sus escuelas, sus hospitales o sus comisarías. Nunca se debatió en la izquierda la injusticia que significa que grandes centros urbanos como Bella Unión, Young, Juan Lacaze o Paso de los Toros, por nombrar sólo a algunos, no tengan un gobierno local que cuente con fondos garantizados por la ley para atender a sus problemas locales. Los departamentos, en muchos casos producto de reorganizaciones territoriales motivadas por fines tan espurios como tener dos bancas de diputado, en su mayoría adolecen de dos males incurables: no son lo suficientemente grandes como para manejar presupuestos que impliquen una verdadera descentralización y, sin ser urbanos tampoco son rurales, por lo que son incapaces de atender eficazmente al uno o al otro.

No hay reforma verdadera del Estado que no abarque también la devolución de la soberanía desde lo central hacia lo periférico, y que incluya la asignación de recursos por la vía constitucional.

Me tocó alguna vez hacer estudios sobre federalismo. El Uruguay es demasiado chico para plantearse en este momento la adopción de una estructura federal, pero no es demasiado chico para aprender de los ejemplos de buen federalismo que existen en el mundo. El buen federalismo significa asignar recursos de la manera más minimalista posible, contemplando en cada caso las diferencias regionales. Sería más racional y democrático, por ejemplo, que hubiera "regiones" diseñadas para que puedan ocuparse por sí mismas de la educación básica, de la seguridad y de la salud. ¿A alguien le cabe duda que algunas regiones harían mejor uso de los recursos asignados a la educación primaria que la que hacen la sarta de carcamanes (izquierdistas, eso sí) que hoy la manejan a nivel nacional? ¿Existe alguna duda de que lo harían con mayor dedicación, esfuerzo y orgullo que lo que pueden hacerlo hoy las autoridades de Pimaria? El zar de la educación en Uruguay hoy en día es un tal Yarzábal, que si no es un bolche arrepentido anda cerca. Arrepentido o no, sigue requiriendo que unos párvulos de ocho años le "prometan" algo a la bandera. Vaya cambio. Si la educación no estuviera en manos de tales aparatos quizás no sería tan fascista. Como digo educación digo hospitales, policía, obras públicas. Digo todo lo que pueda hacerse a nivel local mejor de lo que se puede hacer a nivel nacional.

No tengo nada contra Enrique Rubio, pero dudo que esté pensando en algo más sofisticado que incorporar tecnología y crear hermosas oficinas plurifuncionales que implementen las grandes ideas de Tabaré Vázquez en cada pueblo y ciudad, usándolas como depósito de favores políticos, tal y cual lo han venido haciendo los partidos tradicionales que tanto criticamos.