Bolivia
Voltaire
La enésima crisis política que vive Bolivia desde hace varios meses parecía encaminarse en el momento en que escribo estas líneas a una salida dialogada. Después de 16 muertes violentas, o 30, dependiendo de quién haga las cuentas, gobierno y oposición se sentaron a negociar, tras tomar tardíamente nota de que el horno planetario no está para bollos revolucionarios ni absolutistas. En otras palabras, que ni la oposición puede ignorar la legitimidad democrática del gobierno de Evo Morales, como hubiera hecho en otros tiempos, ni éste imponer a cualquier precio su proyecto.
Dado que la tentación de exterminar al otro ha sido un ingrediente de las tradiciones políticas de ese país, sería temerario descartar que se produzcan nuevos episodios de violencia. Pero en una era liviana como la nuestra, poco inclinada a las causas heroicas e innegociables, es probable que los agonistas se comporten más pragmáticamente y renuncien a su programa máximo.
El drama de Bolivia no puede entenderse con las viejas claves interpretativas y los automatismos ideológicos propios de la Guerra Fría, esos que en estos días nos cuentan que el conflicto que desgarra al país era “inevitable” o que obedece al intento de una elite de derrocar a un presidente que ha emprendido un cambio revolucionario y/o a la conspiración del imperialismo norteamericano para acabar con un gobierno que se habría pasado al “bloque enemigo”.
Por empezar por lo segundo, Estados Unidos ya no piensa en derrocar gobiernos como antes de la caída del muro. En primer lugar, porque sabe que el poder real no depende del control de un territorio (como demuestra su atascamiento en Irak). En las actuales condiciones de crecientes interdependencias no hay imperio capaz de lograr que su dominio sobre un territorio se traduzca automáticamente en un dominio político y económico. Precisamente por haber actuado unilateralmente en un mundo de crecientes interdependencias, en el que los Ejércitos ya no lo deciden todo, en el que el poder ya no va de la mano del control de un territorio o de un gobierno, en el que el capitalismo parece más inclinado a gustar, seducir y vender que a pulverizar enemigos, precisamente por haber creído, al igual que muchos de sus detractores, que podía hacer lo que quería, Estados Unidos es una potencia decadente que ya no seduce. Es demasiado pronto para saber si han tomado nota de estas nuevas circunstancias, pero lo cierto es que las estrategias del capitalismo contemporáneo parecen encaminarse más a una hegemonía liviana que a los golpes de Estado brutales.
Hay, además, otro dato que no puede ignorarse: como ha demostrado la reciente cumbre latinoamericana en Santiago, el contexto regional tampoco es el mismo que unas décadas atrás. La interdependencia de los países del continente no le permite a los gobiernos desentenderse de lo que ocurre al lado, sobre todo si ese ‘al lado’ es un país que alberga un mar de gas natural. El mensaje de Lula, Kirchner, incluso el de Uribe, ha sido cualquier cosa menos ambiguo: no vamos a tolerar la caída de un gobierno democrático que acaba de legitimarse en un referéndum en el que obtuvo el 67% de los votos. He aquí otra señal de que se acabaron los espacios para las dictaduras. Podrá haber (y hay) fuerzas con poder suficiente como para desestabilizar a un gobierno (Argentina, Ecuador y la propia Bolivia son ejemplos patentes de esa posibilidad), pero una dictadura pura y dura, como las de antes, no tiene en las actuales condiciones internacionales la menor posibilidad de mantenerse ni un mes en el poder, como ya demostró el patético ensayo de sacar a Chávez de circulación. Y eso lo saben los protagonistas del actual conflicto boliviano, incluidas las Fuerzas Armadas, cuyo apego presente al orden constitucional es un dato que los nostálgicos de la Guerra Fría no pueden asimilar.
Pero aunque nadie, salvo una minoría de primates, pueda soñar ya con destruir al enemigo, el conflicto sigue. No sólo sigue, sino que puede hacer correr más sangre de la que ya ha corrido. Incluso en la eventualidad de que no sea el resultado buscado por los protagonistas. Porque si bien las intenciones y la voluntad de los hombres tienen su papel en la historia, éstos interactúan (a veces de muy mala manera) con las intenciones y voluntades de otros y el resultado de esas interacciones suele ser casi siempre un resultado no deseado por ninguno de los protagonistas de los hechos. Lo que resulta de la historia no es casi nunca lo que los hombres querían.
¿Qué es lo que está en juego entonces en Bolivia? Con la cautela que se impone cuando no se está en el terreno, lo primero que habría que puntualizar es que, desde luego, no una revolución social que esté provocando una reacción simétrica pero opuesta. Incluso a la “nacionalización” del petróleo, que tanto ha publicitado Evo Morales, se le puede aplicar aquello de que no todo lo que brilla es oro: lo único que ha nacionalizado el gobierno boliviano ha sido el recurso del subsuelo. El resto sigue todo como estaba, como era de prever. Morales no pudo desembarazarse de las multinacionales que extraen el petróleo de los pozos, sino negociar con ellas unas mejores condiciones a la hora de repartir los ingresos petroleros. Es a lo máximo a lo que podía aspirar, lo que, entiéndase bien, no es en absoluto despreciable. A pesar de la vacía retórica revolucionaria de su a estas alturas incómodo aliado Hugo Chávez, las pretensiones de Evo Morales son mucho más modestas (y realizables, que es de lo que finalmente se trata) en una sociedad con la mitad de su población sumida en la pobreza y víctima del desprecio racista de quienes se habían acostumbrado a manejar al Estado como si fuera una junta de accionistas de su propia empresa. Diga lo que diga Evo, el boliviano es uno más de la extensa lista de Estados nacionales que no están dispuestos a correr los riesgos de cortar amarras con el mundo capitalista. Sencillamente no está dentro de sus posibilidades.
Claro que eso no ha impedido que varias de las iniciativas tomadas por el gobierno del MAS provocaran urticaria a las clases dirigentes asentadas en los departamentos más ricos del oriente del país. Unas clases, hay que decirlo, a las que casi cualquier cosa les provoca urticaria. En primer lugar, la decisión del gobierno de reducir la parte de la renta del petróleo que antes recibían los departamentos donde se encuentra ese recurso y destinarla a un bono para los bolivianos pobres de más de 60 años. Los gobiernos departamentales pusieron el grito en el cielo, y desde entonces empezó a crecer la reivindicación autonomista. Hasta ese momento nadie había oído hablar de peculiaridades o sentimientos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Detrás de la fachada de la reivindicación autonomista, lo que se oculta en el fondo es una descarnada lucha por los recursos económicos. No por azar son las regiones más ricas las que en todas partes reclaman una mayor autonomía que, a su juicio, debería acompañarse del “derecho” a quedarse con los impuestos que se recauden en “su” territorio. Lo mismo sucede en el País Vasco y en Cataluña, que después de todo tienen especificidades menos fantasmagóricas que las de Beni, Tarija o Santa Cruz. Resignados acaso a tolerar a Evo Morales y al gobierno del MAS, los dirigentes de los departamentos del oriente boliviano han inflado la causa autonomista (y si no hubieran recibido las advertencias que recibieron, no dudarían en pedir la independencia). Pero si Bolivia es un país y no una suma de reinos de Taifas, la pretensión de que los impuestos se queden allí donde se generan es insostenible. Ese tipo de transferencias de renta entre regiones con desigual desarrollo social y económico son el pan de cada día en las sociedades modernas, en las que la universal condición de ciudadano está por encima de asuntos tan aleatorios como la localidad en la que se haya nacido, la raza o el idioma que hablen unos y otros. El petróleo y el gas no son de Tarija, Chuquisaca o Santa Cruz; son, o deberían ser, de los bolivianos.
Aunque, vista desde esta comarca, la reivindicación de una mayor autonomía departamental parezca, como se ha dicho, una coartada para quedarse con una mayor parte del botín, lo cierto es que esa aspiración cuenta con el apoyo de entre el 60 y el 75% de los bolivianos que viven en los llamados “departamentos opositores”.y por eso mismo se ha convertido en un conflicto político que no es posible soslayar. Otra cosa es que los líderes autonomistas tengan derecho a declararse autónomos por su cuenta y riesgo o a aprobar estatutos de autonomía al margen de la constitución y las leyes bolivianas, como han hecho. Los primeros ecos que llegan de las negociaciones indican que tanto la distribución de la renta petrolera como los estatutos de autonomía serán objeto de negociación y el resultado de la misma formará parte del nuevo texto constitucional, que Evo Morales ha aceptado, finalmente, consensuar.
En tercer lugar, hay que mencionar una iniciativa del gobierno que ha tenido menos repercusión en los medios, pero que forma parte de la larga lista de “agravios” que han irritado a la oposición: un proyecto de reforma agraria que limita la propiedad privada de la tierra.
Difícilmente puede ponerse en duda el derecho del gobierno boliviano para tomar iniciativas como las mencionadas o para negarse a aceptar unas autonomías que pretenden imponerse por la vía de los hechos consumados. Forman parte de las potestades de cualquier gobierno democrático, en particular de uno que cuenta con un apoyo abrumador en las urnas. La democracia que invocan los opositores a Evo Morales terminaría convirtiéndose en una cáscara vacía si un gobierno que cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos no puede tomar iniciativas para introducir más igualdad y justicia en la sociedad. La pertinencia y la justicia de esas iniciativas sólo pueden dirimirse en el ámbito de la política, en el que no valen las invocaciones al origen de los protagonistas del reclamo o de los gobernantes que toman las iniciativas. Las transformaciones que propone Evo Morales no son legítimas porque se hagan en nombre de los indígenas, como pretenden algunas voces del fundamentalismo aymara (después de todo los indígenas como cualquier otro grupo social, también pueden proponer disparates o reclamar una insensatez), sino porque son justas y razonables como creo que son. Y si como ocurre con harta frecuencia en política, no se llega a un consenso sobre la justicia, la minoría deberá aceptar lo que decida la mayoría de los ciudadanos, con independencia de que sean indígenas, blancos, mestizos o tartamudos.
Diferentes son los términos en los que se plantea el que tal vez sea el tema más conflictivo de todos: el proyecto de nueva constitución propuesto y aprobado el año pasado en una Asamblea Constituyente únicamente con los votos del MAS. No es que el gobierno de Evo no tenga derecho a proponer una reforma constitucional. Lo tiene. Sin embargo, uno supone que tratándose de la constitución, es decir del marco jurídico básico de una comunidad política, lo que podrían considerarse las leyes de juego, conviene que esas reglas sean consensuadas y no impuestas por la mayoría, sobre todo cuando la minoría excluida representa, como representó en la Asamblea Constituyente, a más del 40% de los ciudadanos. El propio Morales parece haber tomado conciencia de que allí estaba su talón de Aquiles, puesto que en estas horas ha aceptado postergar la convocatoria del referéndum constitucional y volver a discutir el texto de una nueva carta magna, que tiene demasiados aspectos controvertidos. Cuando no se lo ha leído, como es mi caso, se impone convocar nuevamente a la cautela. No obstante, menciono el carácter indigenista que le atribuyen muchos de sus críticos y que sus defensores no desmienten. A cuenta de una discusión más profunda, permítanme resumir los términos de esa controversia en las siguientes interrogantes: ¿qué principio debe primar cuando en un texto legal se invocan dos principios contradictorios entre sí como son, por un lado, el derecho democrático moderno, que otorga la preeminencia al individuo, sujeto de todos los derechos universales, y por otro las tradiciones aborígenes? Si las tradiciones indígenas sostienen que la autoridad del cacique está por encima de los derechos de los miembros de una comunidad aborigen, ¿la nueva constitución debe consagrar ese principio?, ¿habrá dos criterios constitucionales, uno aplicable a los aymaras y otro al resto de los ciudadanos? ¿La condición de indígenas es más importante que la de ciudadanos?
Los involucrados en el conflicto boliviano parecen haber reparado en estas horas en que el mundo y la región en los que están irrevocablemente condenados a vivir (y conviene no olvidar que se trata de un mundo y una región que determinan mucho más lo que pasa en Bolivia que unas décadas atrás), no aceptarán una salida autoritaria. Se trata apenas de una oportunidad para que Bolivia deje de recurrir a la violencia para abordar el conflicto, un conflicto que es inherente a la vida en sociedad.
Que el gobierno de Evo Morales no haya convocado a una vendetta nacional contra quienes, apegados a las maneras tradicionales, masacraron estos días a 16 campesinos en el departamento de Pando, sino que haya detenido al principal acusado de instigar esos crímenes infames para llevarlo ante la justicia, indicaría que la creencia en que es posible que deje de correr sangre no es una mera ingenuidad.
Respuestas
Estimado Voltaire, su exposición parece tan impecable como ingenua. A todos nos gustaría que sus esperanzas sean dignas de mejor causa, pero me temo que no será fácil que todo termine en un final feliz como usted augura. Quién va a convencer a la oposición boliviana que la causa de Evo es justa? Es terrible pero parece que todo se resuelve por la fuerza en política.
Autor: Trajano | Septiembre 23, 2008 2:25 PM
Para ir por partes, estimado Trajano, en ninguna parte digo que en Bolivia, o cualquier otro país, habrá final feliz. Esa idea de finales felices la conciben únicamente quienes creen que la historia tiene un final (y no estoy hablando únicamente de Fukuyama como se dará cuenta) o que es posible suprimir el conflicto de las sociedades y que algún día viviremos en total y absoluta armonía… una vez suprimidos los enemigos (que tienen diferentes nombres según quiénes los definan).
En lo que respecta estrictamente a la ingenuidad, queda por verse quién es más ingenuo, si los que piensan como yo o los que piensan que se puede alcanzar alguna forma de justicia a través del aplastamiento de los enemigos políticos (lo de la legitimidad de la violencia en países en los que es posible defender todos los puntos de vista lo dejamos para otro momento). Hasta lo que alcanza mi conocimiento, no veo que ningún intento de lograr un objetivo político por la expeditiva vía de la violencia o el exterminio haya desembocado en un orden justo o democrático en ninguna sociedad moderna.
Finalmente, que en política todo se resuelva por la fuerza es una afirmación como mínimo discutible. En rigor, cuando se recurre a la violencia se suprime la política. Las dictaduras que dominaron esta región durante tantos años en realidad lo que hicieron fue suprimir el ámbito de la política. La política, en sociedades atravesadas por el conflicto, sólo puede consistir en el diálogo, la deliberación, la negociación… cuando esas posibilidades son reemplazadas por los cachetazos o los balazos, a lo que asistimos es a la supresión de la política. En ese caso estamos en un ámbito pre-político, en el que los involucrados dirimen (dirimen imaginariamente habría que decir) sus conflictos por la fuerza y prescindiendo de razones y argumentos. Y no se le escapará que cuando eso ocurre, los que “ganan” son siempre los más fuertes, no los que tienen algo mejor que proponer.
La idea de la política, un invento, un artificio concebido por los antiguos griegos, tenía por fin que los humanos resolvieran civilizadamente sus desacuerdos.
Autor: voltaire | Septiembre 23, 2008 8:43 PM
Así como se plantea, el concepto de política puede resultar un poco edulcorado. No pienso que la política sea el terreno noble del diálogo que se desvirtuá al entrar en juego la violencia. Eso sería aceptar una idea de sociedad casi premarxista, llena de voluntades individuales y racionales que conocen a plenitud sus intereses y están en capacidad de diálogo igualitario. ¿Donde están las asimetrías de poder? ¿la lucha de clases? No creo que esto sea un vocabulario añejo. En el caso de Bolivia se está lidiando con gente que bueno ,no sería exagerado decirles fascistas, no veo cómo el diálogo "civilizado" vaya a cambiar el racismo y el sentimiento de "dueños del país" de algunos sectores. ¿Cómo se puede plantear algún tipo de cambio significativo sin que le "duela" un poco a alguien?
Autor: Damián | Septiembre 25, 2008 1:27 AM
Es difícil que haya cambios sin que le “duela” a alguien. En eso es en lo único que estamos de acuerdo con Damián. Cuando se vive en una sociedad atravesada por el conflicto (es decir todas sin excepción), cualquier plan, medida o ley que tienda a introducir mayor justicia o igualdad en la sociedad, afectará a alguno de los intereses en juego. En ese sentido, no hay fiesta que transcurra en paz, es decir que no es posible que todos vayan a ser felices y comer perdices sin que nadie tenga que resignar nada. Ahí no hay controversia.
Donde sospecho (sólo puedo sospechar porque Damián no explicita demasiado) que hay mayores discrepancias es en el cómo poner en marcha una iniciativa política y, sobre todo, cómo legitimar la pertinencia de las mismas (porque todos los actores políticos dicen hablar en nombre de la justicia, de las mayorías, del bien del país, etc.). Una iniciativa política no se puede legitimar porque se la presente en nombre de los intereses de un sector social (de los trabajadores, de los oprimidos, o de los pobres). Su pertinencia sólo puede dirimirse en el ámbito político, en la deliberación y la exposición de argumentos. Y cuando no hay acuerdo, su aprobación la decide la mayoría. Y si algunos racistas, fascistas o lo que quiera Damián, creen que pueden ponerse por encima de la política, entonces para ello están la ley y eventualmente la Policía. Cualquier gobierno latinoamericano tiene hoy la legitimidad suficiente como para mandar a la cárcel a quienes se crean que pueden imponer su voluntad por la fuerza a la mayoría de la sociedad.
Todo esto puede ser una gran ingenuidad, como sugiere Damián, pero cuál es la alternativa que nos ofrece. ¿Ignorar todas las molestias de la democracia “formal” e imponer sin otras consideraciones unos cambios en beneficio de las clases oprimidas? Pero, ¿cómo pueden saber los ciudadanos que Damián, o alguno de los muchos con vocación de Damianes, son los auténticos portadores de los “intereses” de las clases subalternas (oprimidas o como quiera llamarlas)? ¿Cómo concluir que es justo lo que proponen?, ¿porque habla en nombre de esas clases? ¿y quien habla en nombre de esas clases ya no necesita demostrar más nada? ¿son estos Damianes los que conocen los “verdaderos intereses” de esas clases (en contraste con quienes no conocen “a plenitud” sus propios intereses, como sugiere en su post)? Yo no coincido con esas posturas metafísicas (¿premarxitsas?) que vienen con el cuento de que hay algunos que conocen “a plenitud” los intereses de otros. No comparto en absoluto la idea de que alguien conoce mejor que yo mis propios intereses.
No me cuesta demasiado esfuerzo percibir lo que Damián llama lucha de clases en el terreno económico. Por ejemplo, cuando los trabajadores de una empresa se enfrentan a los patrones por un aumento salarial. El asunto es clarísimo. Pero cuando pasamos de ese ámbito al de la política, las cosas se complican, se complican mucho, Damián. ¿Dónde está el comportamiento de clase en política? Yo no veo que proletarios, oprimidos, pobres, explotados se comporten de “una” manera en política, o se expresen en tal o cual partido. Más bien veo que tienen un comportamiento político plural y cambiante, propio de estos tiempos en los que la pobre gente no conoce “a plenitud” sus intereses. No hay una traducción automática de la propia condición social (la condición obrera, por ejemplo) a la arena política. Esa visión organicista (casi corporativo-fascista), de que a cada estrato social le corresponde una expresión política me parece que es, al menos hoy, insostenible. Para salvar ese abismo –entre la condición social y un comportamiento político que supuestamente desconoce “los propios intereses” –, la única solución es la que suelen proponer los Damianes (¿leninistas?), es decir que hay un grupo de genios que se dieron cuenta de en qué consisten esos intereses y están dispuestos a representarlos en la arena política… sin que les perturbe que la mayoría de los potenciales beneficiarios de su disposición altruista no les dé la menor pelota. Incapaces de definir en qué consisten esos intereses, ahora sólo atinan a hablar de unos difusos “cambios”, como hace Damián.
Sólo puedo aceptar que me convenzan de lo apropiado de esos cambios en la deliberación pública y no en nombre de los “intereses” de nadie, sino de la justicia y de que esos cambios sean realizables y no mero voluntarismo.
Pero además (y se trata de un además importantísimo) las mayorías, los pobres, los oprimidos, el pueblo (o cualquiera de las vagas denominaciones que ahora se usan en lugar de la de clase) no tienen un único interés. ¿Cuál sería el interés de algo tan complejo, diverso e indefinible como “el pueblo”? ¿Cómo dar por bueno el reclamo o la propuesta de alguna de las infinitas subcategorías de que se componen esos vagos grupos sociales? Y si se cree que basta con hacerlo en nombre de una categoría menos etérea que la de pueblo, como podría ser la de clase obrera, hay que advertir que tampoco se resuelve el problema a través de semejante procedimiento, porque la llamada clase obrera es un sector absolutamente minoritario en las sociedades modernas. ¿Qué sentido tendría entonces argumentar que esto es bueno para todos porque es bueno para una minoría como la clase obrera? No hay vuelta: no hay fundamentalismo de clase o de pueblo en nombre del cual se pueda hablar para legitimar una propuesta política.
Autor: Voltaire | Septiembre 27, 2008 2:51 PM
En Bolivia está claro que la mayoría de los “potenciales beneficiarios” le dan pelota al gobierno y sus iniciativas. Con todas las diferencias que puedan existir dentro de un conjunto llamado “clase obrera” o “pueblo” no creo que los intereses que puedan tener en común sean tan misteriosos y difíciles de determinar, así que una vanguardia iluminada ni siquiera parece necesaria. Si bien esto no legitima automáticamente las reformas y los cambios que pueda proponer el gobierno de Morales creo que no es algo a menospreciar. Un Gobierno legítimo tiene derecho a plantear una visión de país, qué haya que negociar, conciliar, qué no se puede echar a ciertos sectores encima, todo eso parece razonable y deseable. Sin embargo no podemos abstraernos del contexto específico de Bolivia, no podemos dar recetas de dialogismo democrático como si habláremos de las diferencias en el parlamento sueco. Como ya todos sabemos hay privilegios históricos, un status quo de cientos de años que no se va a acabar sin dar una buena pelea antes y eso es lo que se está viendo. ¿Cómo se dialoga con sectores acostumbrados a entender la convivencia solo como una relación de dominantes-subalternos? Aquí la lucha de clases no es un término que aplique sólo a situaciones específicas sino que es la base de toda la vida política, lo que anima y exacerba los odios y las adhesiones. Por el momento no parece existir una reconciliación posible en esta lucha y se puede terminar otorgando concesiones, para mí inmerecidas, a sectores que han sido dominantes por casi toda la historia del país y que sin pedir la guillotina ni mucho menos, merecerían que se les torciera un poco el brazo. Ahora, otro problema es que no se ve con suficiente claridad que tan “radical” es la dirección hacia la que se desea llevar el proyecto, algunos se entusiasman y hablan de revolución pero el verdadero alcance parece cada vez más limitado. No se sabe si se piensa mantener dentro del juego democrático, y cómo puede mantenerse dentro de este ante la belicosidad de la oposición, ¿cuánto tiempo más puede aguantar? etc, y esa película ya la hemos visto en Latinoamérica antes. No pretendo tener respuestas fáciles o alentadoras, parece una situación muy desesperante, donde no se tiene claro cuál es el equilibrio deseable, cuál puede ser la profundidad del cambio etc
Respecto a otros aspectos que Voltaire señala en su respuesta, admito que requieren que yo reflexione un poco más pero de todas formas se agradece el nivel y la inteligencia de la respuesta, aunque no, no soy “Leninista”
Autor: Damián | Septiembre 27, 2008 6:30 PM
Una sola precisión al último post de Damián. Creo que quienes quieren que se produzcan "cambios" en América Latina, además de ser un poco más precisos en el contenido de esos "cambios" a los que aspiran, deberían reparar en los cambios sin comillas que ya se producen en América Latina. En ese sentido le llamo a que reflexione sobre su afirmación de que "esta película ya la hemos visto en Latinoamérica antes".
Podrá decirse lo que se quiera de la situación en América Latina, pero desde luego me parece un error intentar comprenderla con la fórmula "esta película ya la vimos antes".
Autor: Voltaire | Septiembre 28, 2008 1:08 PM
No entinedo qué reparos le ofrece a V. el derrotero de la nueva Constitución boliviana. Hasta donde puede verse se cumplió con los requisitos de las aquí tan mentadas "reglas del juego democrático". Además, después la Constitución debe ser plebiscitada por todos los bolivianos...
Aparte, creo que tiene razón Damián en su primer comment cuando señala la candidez de pretender que pueda haber democracia sin igualdad de oportunidades.
Del mismo modo, creo que es acertada su crítica a la ingenuidad de esa especie de homo politicus racional y argumentativo que supone Voltaire es el protagonista de las democracias modernas... Sin dudas hay algo que se me escapa, pero no sé qué es.
Autor: manon | Septiembre 29, 2008 7:30 PM
Vengo siguiendo la arrasadora popularidad del conciliador Lula en Brasil, que no quiere "torcerle el pescuezo" a los enemigos del pueblo, que no cree que la lucha de clases sea "la base de toda la vida política". Parece que el PT ganará por goleada las proximas municiapales y que la posible candidata del PT ganará la presidencia. Los pobres son los primeros en votarlo en masa, parece. ¿Será que no tienen conciencia plena de sus reales intereses? Vaya, vaya, quien representará entonces a plenitud los intereses de los pobres en Brasil?. ¿Algún grupúsculo ultraizquierdista? Qué hacer para hacerles entender que lo que "creen" que son sus intereses, en realidad no lo son?
Autor: montesquieu | Octubre 2, 2008 1:13 PM
Un apunte rapido sobre los bolivianos y la democracia. Las libertades democráticas tienen sentido y funcionan allí donde se reconoce el valor del pluralismo. Pero en p oblaciones rurales inmensas como la de Rusia pre-revolucionaria o en las condiciones de desestructuración social de la
Alemania pre-hitleriana (o como sucede con las multitudes de El Alto o las laderas de La Paz), las libertades democráticas son escasamente relevantes. Las masas no aprecian el individualismo ni el pluralismo. Incluso pueden
despreciarlo como ideal burgués (hoy neoliberal) de dominación. Casi inevitablemente se orientarán, antes como
ahora, al reencuentro y revalorización de lo comunitario, de ideales de sencillez y abnegación, de renuncia
a la propia individualidad, asumiendo valores pre-liberales del tipo "vivir bien", sin los tormentos de una
libertad inaccesible.
El riesgo de los movimientos que lideran personas como Evo es que deriven en movimientos totalitarios basados en organizaciones de masas de individuos atomizados y aislados que exigen una lealtad
total, irrestricta, incondicional e inalterable.
Autor: espino | Octubre 9, 2008 5:46 AM
LA PAZ, 18 de Nov. El linchamiento de dos supuestos ladrones y la flagelación de otros nueve en una comarca de los Andes de Bolivia abrió una polémica sobre los excesos de la denominada "justicia comunitaria" de los indígenas, incorporada a la nueva Constitución que será sometida a referendo en enero.
Los presuntos delincuentes fallecieron el lunes en la comarca de Achacachi tras ser torturados y quemados vivos por una turba que los sentenció a este brutal castigo, una forma de justicia por mano propia que ha dejado mal parado al sistema judicial boliviano.
Esta práctica, que se hace más frecuente en este país, ya se ha cobrado en 2008 la vida de al menos 17 personas, entre ellos tres policías, que murieron en la mayoría de los casos flagelados y quemados por la muchedumbre, acusados de delinquir.
"No es justicia comunitaria, si (en ella) están pensando los comunarios de Achacachi, están equivocados", señaló el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien consideró que, al contrario, "han cometido un delito que puede llamarse homicidio o asesinato". Aunque dijo que la reacción de los comunarios tiene una causa: "la desprotección estatal, porque lamentablemente el Estado no otorga lo que se pide en diversas regiones, como seguridad, protección a la vida y a su propiedad".
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que en el texto constitucional se recoge el espíritu de este tipo de justicia ancestral, que sin embargo no contempla "la pena de muerte y daños a la integridad" física y que, al contrario, es una forma "restaurativa, que busca reponer el agravio, el daño, más o menos asociado a lo que busca la justicia civil". A su juicio, lo de justicia comunitaria "es un cliché" mal utilizado y que entendiendo los "usos y costumbres de los pueblos indígenas" se ha incorporado en la nueva Carta Magna bajo el nombre de "jurisdicción indígena, originaria, campesina", un sistema de justicia que ha pervivido desde tiempos precoloniales.
Este criterio no es compartido por varios dirigentes políticos de la oposición, que acusan al gobierno del presidente indígena Evo Morales de "haber liberado un demonio".
Autor: richard | Noviembre 19, 2008 11:31 AM