Jorge Barreiro

Hace diez días ocurrió lo que pensábamos eran pesadillas del pasado: un hombre de 27 años fue detenido por la Policía y llevado a una comisaría, de la que salió sin vida. Y no murió de un ataque cardíaco. La justicia demostró que fue salvajemente golpeado y estrangulado por los agentes que lo detuvieron. No es la primera vez que ocurre en plena democracia.

El episodio no debería dejar indiferente a ningún ciudadano, particularmente a quienes alegan estar preocupados por el respeto de los derechos humanos y las libertades democráticas. A mí me hizo reflexionar sobre algunos asuntos.

El primero de ellos, parece una obviedad señalarlo, es la gravedad del hecho en sí. En pleno año 2008, a veintitrés años de recuperada la democracia, aún es posible que un ciudadano ingrese detenido a una comisaría y salga muerto de allí. Es difícil encontrarle un atenuante a semejante monstruosidad. El asunto es más grave que un crimen común y corriente, porque quienes lo cometieron están, o se supone que están, abocados a todo lo contrario, es decir a velar por los derechos y la seguridad de las personas. De modo que, aunque no haya sido un hecho rutinario, la posibilidad de que uno solo de los habitantes de este país muera en una comisaría por la paliza de una patota policial debería hacer sonar todas las alarmas.

Ninguno de los miserables comentarios aparecidos en la prensa acerca de que el detenido tenía antecedentes penales o de que estaba bajo los efectos de alguna droga puede alterar el juicio precedente. Tampoco el autocomplaciente consuelo de que en otros países de América Latina este tipo de horrores ocurren todos los meses. Ni siquiera el mutismo de una oposición siempre lista a citar a un ministro al Parlamento por cualquier nimiedad debería devaluar la gravedad del hecho o reducir este asesinato a un “lamentable daño colateral” de la santificada lucha contra la inseguridad.

En segundo lugar, el episodio desafía los análisis simplistas que remiten el problema a la falta de voluntad política para terminar con los abusos policiales. Este caso fue, obviamente, algo más que un abuso, pero me atrevo a pensar que son las pequeñas prepotencias diarias de la Policía –-desde la pizza gratuita que se "solicita" en el boliche de la seccional hasta el maltrato a los jóvenes en la calle pasando por el cachetazo a un “sospechoso”–- las que, junto a nuestra resignación, alimentan la sensación de impunidad de la que están imbuidos nuestros policías.

En cualquier caso, lo que quiero decir es que la Policía es un problema en sí. Es una institución que, por el monopolio del uso de la fuerza que detenta, sucumbe con harta facilidad a la tentación de autonomizarse y ponerse por encima de la ley. Allí están para certificarlo los muertos a manos de la Policía en todos los gobiernos democráticos a partir de 1985 (no recuerdo ahora que la gestión de Jorge Batlle cargara con uno, pero sin duda todos los demás). Aunque se tenga la más decidida voluntad política no es fácil terminar con el arraigado hábito de la prepotencia policial o, peor, con auténticos grupos mafiosos abocados a chantajear y robar. Razón de más para tomarse el problema más en serio de lo que ha sido tomado hasta ahora. No descarto, más bien estoy seguro, de que los gobiernos sometidos a la ideología de la seguridad, de los que no hay que excluir a los de izquierda, siempre están más dispuestos a hacer la vista gorda frente a los atropellos y “comprender” los abusos policiales. Recuérdese al ex ministro Hierro Löpez regañando a las organizaciones de derechos humanos que, supuestamente, ponían “los derechos de los delincuentes” por encima de “los derechos de las víctimas”, como si los derechos pudieran dividirse como un pastel.

A lo que voy es a que no hay ningún gobierno, ningún ministro del Interior ni ningún partido oficialista –ni siquiera los más izquierdistas– que esté inmunizado contra el peligro de los abusos policiales o de cualquier otra tentación autoritaria. Si alguna duda quedaba acerca de lo inútil de esta pretensión, el crimen de hace diez días en una comisaría “progresista” la ha despejado de forma elocuente y dramática. Me parece que la aclaración se justifica por la extendida idea de que la izquierda de este país tiene un currículo suficientemente extenso en la defensa de las libertades y los derechos humanos como para que alguien tenga la impertinencia de cuestionar su desempeño en ese terreno. Un subsecretario del Interior del primer gobierno de izquierda de este país, Juan Faroppa, se enojó en su momento cuando alguien se atrevió a interpelarlo por un proyecto de ley que autorizaba los allanamientos nocturnos sin orden judicial y respondió que no se podía poner en duda el compromiso del Frente Amplio con las libertades, porque ya demostró en el pasado que bla, bla, bla. Hay que decir que las cosas no son tan sencillas como las plantean Faroppa y muchos frenteamplistas. Esa condición que reclaman para sí no se obtiene con un examen o un título vitalicio que nos autorizaría a ejercer de demócratas para el resto de la vida. No, ese examen hay que rendirlo cada día.

La tercera cosa que se me ocurre es que la democracia no es un régimen en el que sus funcionarios policiales son ángeles (tampoco aquel en el que los representantes son carmelitas descalzos). La democracia no es asunto de héroes, sino de gente común y corriente, entre la que nunca faltan los que se creen más listos que los demás. Por eso cuando se reduce el problema de la corrupción o los abusos a la falta de ética o a la existencia de “funcionarios infieles” se está introduciendo una mayúscula confusión. El problema no es ético. Es político. Un problema ético tendrán los policías delincuentes o corruptos, pero el resto de los ciudadanos lo que tenemos es un problema político. Es decir, de qué mecanismos nos dotamos para evitar que algunos sujetos con poder se sirvan de él para beneficiarse, un desafío que tiene poco de ético y mucho de político. El gobierno más democrático y más respetuoso de los derechos ciudadanos no será aquel que ostente el imposible récord de no tener un solo policía delincuente, ni aquel que exponga buenas intenciones (o un currículo inmaculado), sino aquel que demuestre una severidad implacable con los criminales de uniforme y tome las iniciativas políticas más apropiadas para tratar de que no se repitan hechos como el crimen de la comisaría (y no solo ése).

Por último, y a diferencia de quienes creen que todo siempre va a peor, pienso que la respuesta al imperdonable crimen de la comisaría nos autoriza a tener un moderado optimismo. Todos los policías que intervinieron en la detención y la muerte del infeliz ratero están procesados y en la cárcel, incluso lo está el comisario que no tuvo responsabilidades en el asesinato pero intentó encubrir a sus subordinados. Sí, apenas moderado, porque si bien el asesinato no demuestra que el gobierno tolera o hace la vista gorda frente a semejantes barbaridades, no es menos cierto que algo tiene que ir rematadamente mal cuando a un ciudadano lo sacan muerto de una comisaría. El gobierno no es el culpable de esa muerte, pero por lo visto su polìtica para terminar con los abusos policiales (si es que la tiene) no parece estar dando resultados. Lo menos que podía esperarse es que rodara alguna cabeza, pero aquí todos los ministros y jerarcas siguen con las suyas en su lugar.