Jorge Barreiro
Tras la segunda ratificación en las urnas de la Ley de Caducidad el domingo último se han escuchado comentarios de lo más variados, casi todos ellos teñidos de decepción y amargura. Lo que provoca cierta perplejidad es que sean esos mismos decepcionados los más entusiastas de someter a referéndum casi cualquier iniciativa política. También ellos creen que la democracia consiste en contar votos o que las leyes más justas emanan de la pura aritmética electoral.

Cuando se tiene la convicción de que las preferencias individuales de la mayoría son sagradas, no vale impugnarlas cuando el resultado de una consulta no es de nuestro agrado. Si se juega al juego de la democracia electoral hay que aceptar sus muchos inconvenientes. Uno de ellos es que las decisiones del “soberano” quedan legitimadas, aunque las mismas sean manifiestamente injustas.

Dado que sería necio sostener que el 52% de los uruguayos que no apoyaron la anulación de la ley de impunidad toleran la tortura, la desaparición de personas y cuantos crímenes han cometido los dictadores de este país, ¿no habrá que poner acaso en tela de juicio la idea misma de que el ejercicio del voto en las democracias liberales representativas (raramente precedido de una deliberación pública en la que se argumentan las preferencias) conduce a las decisiones más justas? ¿No habrá algo en el diseño de la democracia liberal (y en sus instituciones) que permite tomar decisiones arbitrarias o injustas como la que acaba de tomar, me parece, la mayoría de los ciudadanos?

Si así fuera, no cabría atribuir el resultado del domingo 25 a la insensibilidad o el egoísmo de los ciudadanos o a las trampas de los medios. Porque cuando se considera que la democracia es apenas la versión ampliada de una consultora de opinión pública, es decir que comienza y termina con la contabilización de las preferencias individuales, pueden esperarse los resultados más caprichosos e infundados. El problema, a mi juicio, es anterior: reside en dar por bueno y sin mayor examen el presupuesto inicial. Y en este sentido resulta curioso lo emparentados que están los presupuestos liberales y los de cierta izquierda siempre inclinada a resolver cualquier controversia por el expeditivo método de convocar a los ciudadanos a las urnas.

Hemos abandonado las mejores tradiciones republicanas y abrazado una idea de democracia que es tributaria del pensamiento liberal. Para el ciudadano contemporáneo la democracia es sinónimo de contar votos, porque se supone que los votos traducen preferencias individuales (y su suma, preferencias colectivas). Lo más justo, según este punto de vista, sería contar esas preferencias, porque las que resulten mayoritarias representarían el llamado “interés general”.

Lo que resulta más controvertible de la idea liberal de democracia es que para ella las preferencias de cada uno serían prepolíticas, se formarían en el ámbito privado. Cada uno concurriría a la arena política a hacer valer las suyas, éstas se cuentan y se toma la decisión más acorde con las preferencias de la mayoría. A la salida de este proceso cada uno se vuelve para su casa con la convicción de que sus preferencias (sus gustos, habría que decir a estas alturas) resultaron minoritarios, pero en ningún caso convencidos de que se tomó la decisión más razonable y justa. Las preferencias “políticas” de las que hablan los liberales se parecen demasiado a las de un consumidor: se tendría una preferencia política como se tiene una preferencia cromática. Es decir, no serían susceptibles de argumentarse o defenderse públicamente según criterios de justicia. Mucho menos de modificarse a la luz de buenas razones. Entre otras cosas, porque las preferencias serían sinónimo de intereses… o de gustos. Y los intereses se podrán negociar pero jamás argumentar. En una deliberación pública, por ejemplo, no colaría un “argumento” del tipo ‘se debe tomar tal o cual decisión porque a mí o a los de mi grupo nos conviene’.

El liberal justifica las instituciones (y decisiones) que aseguren el mayor bien social, entendido como los deseos del mayor número de individuos, pero no se pronuncia sobre si algunos son mejores que otros. Lo que importaría sería satisfacer el deseo del mayor número de personas, no la calidad de esos deseos. Para el liberal consecuente no habría forma de comparar las preferencias, no habría ninguna mejor que otra, el reclamo de que la sociedad garantice a cada ciudadano un viaje anual a Disneyworld, por ejemplo, sería tan atendible como el de acceder al agua potable. Y si la mayoría se pronuncia a favor de dedicar los recursos colectivos a lo primero, esa decisión se convierte en sagrada. El liberalismo está comprometido con una versión neutra de la democracia y sus instituciones. La democracia sería apenas un procedimiento para tomar decisiones. Para él, no hay decisiones y preferencias más valiosas que otras. La preocupación de la democracia liberal no es, entonces, tomar las mejores decisiones (por ejemplo, las más justas o las que garanticen un mayor autogobierno de la vida de cada cual), sino respetar a rajatabla las preferencias mayoritarias, que, no se olvide, entre otras cosas lleva implícita la posibilidad de la opresión de las minorías, cuyos votos, por definición, siempre cuentan menos. Atados a este paradigma, resulta imposible impugnar la decisión popular de mantener la Ley de Caducidad. Y, sin embargo, no podemos evitar estar persuadidos de que no se tomó la decisión más justa.

Detrás del enfoque liberal de la democracia subyace la idea de que el individuo es un ser calculador y egoísta, atento exclusivamente a la suma y resta de los costos y beneficios de sus acciones. En suma, un individuo congénitamente inhabilitado para la virtud e incapacitado para sopesar un argumento que no le resulte ventajoso. No es de sorprender que semejante pesimismo antropológico desemboque en la idea de que no hay forma de calibrar una preferencia política. De ahí a la estúpida creencia de que todas las opiniones son respetables, apenas hay un paso.

No obstante, hay pruebas suficientes de que los humanos no tenemos una única disposición egoísta. También estamos inclinados a cooperar y a tener comportamientos de reciprocidad cuando detectamos una disposición a la colaboración. No es el lugar para abordar la cuestión, pero hay que decir que el empeño liberal de demostrar que ejercer la ciudadanía es lo más parecido a lo que hace el consumidor en el mercado, al que concurre para maximizar sus beneficios o satisfacer una necesidad (o un deseo), es insostenible.

Va de suyo que no hay ningún mecanismo alternativo a la democracia puramente electoral representativa que garantice que una comunidad política tomará siempre las decisiones más sabias y justas. Pero sí existe uno que tal vez nos dé más posibilidades de que así ocurra: la democracia deliberativa y participativa. No es una ocurrencia propia, sino una condición largamente arraigada en las ideas republicanas.

En una democracia deliberativa y participativa todos pueden expresar sus opiniones, pero también (y ésta es su ventaja) tienen que (están obligados a) defenderlas con buenas razones. La argumentación nos compromete con razones aceptables por todos. En condiciones de deliberación hay que demostrar que lo que propongo es justo. Para la tradición republicana la democracia no es un simple procedimiento (neutro) de reunir preferencias prepolíticas inmodificables. Entiende que los juicios se forman, se modifican y se corrigen en la deliberación y en el proceso de toma de decisiones. No es que para la democracia deliberativa y participativa no haya intereses en conflicto. Los reconoce, pero sostiene que la deliberación permite identificar cuáles son más justos. Los partidarios de la deliberación no sucumben al dogma liberal que no discierne entre intereses más atendibles que otros. Como diría Séneca, no se limita a contar preferencias, sino que las sopesa.

Si sólo se atiende al interés desnudo (o a unas preferencias caprichosas formadas privadamente), si nadie tiene que justificar sus opiniones o la pertinencia de los distintos reclamos o de las propuestas, no hay garantías de que las decisiones democráticas (en el sentido de la mayoría) sean justas.

Si el propósito de una democracia fuera tomar las decisiones más justas, la deliberación tiene además varios beneficios añadidos. En el diálogo con otros (sobre todo con los que tienen opiniones o intereses diferentes) aparecen datos y puntos de vista que difícilmente aparecerían cuando uno se cuece exclusivamente en la tinta de su propia tribu. Además, son más legítimas las decisiones que se toman tras una deliberación. Cuando he sido escuchado, cuando mis intereses han sido tenidos en cuenta y mis razones atendidas es más probable que me sienta comprometido con esa decisión, aunque no sea la que inicialmente defendía.

Que la deliberación va de la mano de la participación no es un mero recurso retórico. Porque para que la deliberación se traduzca en buenas decisiones o en la atención de los reclamos más justos, es necesario que los diferentes intereses, opiniones y razones aparezcan en el ámbito público. Y eso sólo ocurre con ciudadanos participativos, porque, se sabe que, no por maldad, quien no experimenta los problemas suele no percibirlos. A falta de deliberación y participación no hay ninguna garantía de que los individuos puedan ponderar por su cuenta (privadamente) los intereses de todos.

Uno de los reparos que se suele poner a la deliberación es que, por más que uno esté inclinado a persuadir y dejarse persuadir, la dinámica de la política actual está determinada por intereses. Un reparo fundado, por cierto. Pero que así ocurra no significa que no se pueda discutir sobre esos intereses, identificar cuáles resulta más justo atender. La democracia deliberativa no pretende describir la realidad política tal cual es. Es más bien una propuesta de democracia que aumenta (aunque no garantiza) la posibilidad de que se tomen las decisiones más justas tras escucharse todos los intereses y todas las razones. En rigor el reparo sólo puede entenderse cuando se toman las reglas del diálogo y la deliberación como referencia (hasta tal punto es así que incluso quienes se mueven por puro interés, jamás se atreverían a reconocerlo en un debate público). En otras palabras: sólo en la deliberación puede ponerse en evidencia que detrás de determinadas iniciativas y propuestas no hay razones, sino fuerza o interés despojado de argumentos.

En resumidas cuentas, el diseño institucional de la democracia liberal no garantiza las decisiones más justas. La democracia liberal ni siquiera está pensada para fomentar la deliberación, sino para atender las preferencias de la mayoría, aunque no estén bien fundadas o incluso no lo estén en absoluto. Porque, como ya ha dicho alguien antes que yo, la democracia (liberal) es el régimen que garantiza que todos puedan expresar su opinión, incluidos los que carecen de opinión. Las actuales instituciones democráticas parecen abocadas a cualquier cosa menos a fomentar la deliberación.

En suma, cuando el voto no está precedido de una deliberación, no debería sorprender que el resultado sea caprichoso, ininteligible y, lo que es más importante, manifiestamente injusto. Algo de esto ha ocurrido con el plebiscito sobre la Ley de Caducidad: los partidos que apoyaban su anulación no salieron a la escena pública a defender la papeleta del Sí con los muchos argumentos disponibles para hacerlo. Se limitaron a esperar que las preferencias de la mayoría se inclinaran por abolir esa ley. Para colmo de males, la decisión coincidió con una elección nacional, en la que los defectos de la democracia liberal suelen llegar al paroxismo.