El actual desbarajuste financiero que se abate sobre el mundo resulta incomprensible para las mentes poco dotadas. Los misterios de la economía son inaccesibles a los legos. Al parecer sólo a los entendidos les es dado conocer la ingobernable dinámica de los mercados. Los demás debemos resignarnos a padecerla, dado que los que sí han desentrañado la naturaleza de los caprichos de la economía nos explican que todo iría mucho peor si se nos ocurriera desconocer sus leyes de acero.

Lo curioso es que desde hace no menos de veinte años venimos escuchando que si no hacemos bien “los deberes” (lo que en español corriente quiere decir otorgarle a los inversores las condiciones que reclaman) mil plagas se abatirán sobre nosotros. Pues bien, hechos los deberes con mayor o menor aplicación, la catástrofe provocada por esos mismos inversores ha llegado una vez más. No lo entiendo

Los defensores de la libertad económica no se han cansado de repetir estos últimos años que el mercado es el dispositivo que mejor asigna los recursos, que premia al eficiente y castiga al vago y al menos emprendedor, que el apetito de ganancias evita el despilfarro y conduce al progreso de todos y que, si la desprestigiada política no perturba la paz de los negocios, la riqueza resultante terminará derramándose por toda la sociedad. Pues bien, resulta que después de haber asistido a un largo período de libertad económica y sin que nadie se atreviera a sugerir que esas actividades, como cualquier otra actividad humana, podrían ser objeto de la planificación consciente de los involucrados en ella (es decir todos), nos encontramos con que la promesa del derrame ha sido reemplazada por una amenazadora advertencia: si no aceptamos lo inevitable ─es decir entregar los recursos de todos para reparar el desaguisado─, deberemos prepararnos para lo peor . No lo entiendo.

Ahora escuchamos palabras como blindaje, rescate, responsabilidad, intervención estatal, para darnos a entender que hay alguien que está al mando de una nave sin rumbo. Que la política se abstuviera de contaminar el inmaculado universo de la economía era, así se nos dijo, el requisito de la buena salud de esta última. En flagrante oposición a cuanto se nos decía hasta ayer, ahora se pide a los gritos que la política aplique tantas inyecciones de dinero como sean necesarias para salvar al moribundo. No lo entiendo.

¿Por qué no reconocen que en verdad no están en condiciones de manejar un metabolismo económico fundado precisamente en decisiones individuales cuyos resultados escapan a cualquier previsión, cálculo o anticipación? El capitalismo financiero, de cuya suerte al parecer dependen en estos días nuestras vidas, es por eso mismo una fuente permanente de incertidumbre. La actual crisis financiera demuestra justamente que no es posible anticiparse a los resultados y consecuencias que traerá aparejada una actividad emprendida por agentes totalmente autónomos que sólo buscan maximizar sus beneficios, desentendiéndose de las consecuencias que no los afectan directamente o que no tienen un impacto a corto plazo. No podría ser de otra manera cuando el acicate de la artificiosa actividad que hoy está en el banquillo de los acusados no es la creación de riqueza material auténtica (apenas un resultado aleatorio de sus actividades), sino incrementar el precio de unos títulos de fantasía que no valen lo que dicen o ganar con hipotecas que nadie está en condiciones de pagar. Bajo el reino del mercado, el resultado de las voluntades individuales autónomas, espontáneas, que se desentienden de cualquier consideración social, no es necesariamente la suma de esas voluntades. Puede llegar a ser incluso su opuesto, un resultado no buscado por ninguno de los agentes económicos, incluida una crisis monumental como ésta, por ejemplo. El capitalismo tiene un cuerpo vigoroso, pero carga con demasiados cerebros, que piensan por su cuenta y sin consultar al de al lado. En esas condiciones, los colapsos cíclicos son inevitables

Si no caemos en la simplificadora tentación de atribuir una crisis como ésta a la maldad, la torpeza o la avaricia de algunos individuos, habrá que concluir que las crisis son inherentes al capitalismo. Hasta tenemos una experiencia acumulada de varios siglos en la materia (lo que no quiere decir que todas las crisis hayan sido idénticas). Sin embargo, los políticos, expertos y mandarines bursátiles están estos días a la búsqueda de una “anomalía” que explique lo que aparentemente no debió haber ocurrido. Los gurúes de las finanzas están estupefactos: piensan que alguien debió de hacer algo mal para que la fiesta se esté echando a perder. No se les ocurre pensar que incluso cuando las cosas van bien (sobre todo cuando van tan “extraordinariamente bien” que parece que el dinero se multiplica mágicamente como los panes y los peces) puede sobrevenir una crisis. Tampoco entiendo semejante sorpresa.

Hasta antes de ayer la mayoría de los gobiernos de América Latina aseguraban, razonablemente, que nuestro destino estaba atado al resto del mundo, sobre todo al mundo desarrollado; que en una economía globalizada, de crecientes interdependencias, era inconcebible el sueño de un destino independiente. Pero ahora parece que estamos “blindados” frente a cualquier contratiempo financiero que ocurra en el mundo desarrollado. Curioso, ¿no? No comprendo semejante optimismo. Y si los Estados disponen de tantos recursos como para aguantar cualquier cimbronazo, tampoco alcanzo a comprender por qué hasta el mes pasado “no había” dinero para aumentar el presupuesto de la educación, la salud o la construcción de viviendas.

Sí me explicaron esta aparente contradicción y la comprendí, creo, perfectamente bien. Con excepción del “ignorante” que dijo que era inmoral que un Estado tenga superávit fiscal cuando abundan los ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas, cualquiera la puede entender. El Estado debe dedicar sus recursos a salvar al sistema financiero (como se hizo en Uruguay en 2002), porque si no le da a los bancos el dinero que perdieron al amparo de la sacralizada libertad económica, si queda en evidencia que algunos títulos de deuda son incobrables porque no valen ni el papel que les sirve de soporte, todo se puede ir al garete. Ya nadie le prestaría dinero a nadie, se colapsaría el flujo de créditos, la entera actividad económica se paralizaría. Y adivinen qué: el pato lo pagarían los trabajadores y los pobres… habrá menos empleo, nos embargarían las viviendas hipotecadas y toda lo que ya se sabe. Cualquiera podría decir que se trata de un chantaje. Pero no, la amenaza es totalmente real: siempre ha sido así, los platos rotos de las crisis los han pagado siempre los trabajadores y los pobres. Esto sí que lo entiendo.

En buen romance, lo que se nos viene a decir es que no se puede hacer otra cosa que seguir alimentando a la misma bestia que cíclicamente causa los mismos desmanes, porque si no lo hacemos destruirá todo el ecosistema en el que vive (y vivimos). Suena convincente, pero sigo sin entenderlo: lo que nos proponen es que sigamos echando combustible a un vehículo que está condenado a sufrir nuevas averías, que demandará más reparaciones y combustible para no detenerse (porque de lo contrario sobrevendrá lo peor) y así hasta el infinito.

Tampoco entiendo, o entiendo a medias, la aversión contemporánea a que los humanos planifiquen la vida económica –como hacen con tantas otras actividades–, se anticipen a los problemas, piensen en lo que necesitan producir y consumir y se pongan de acuerdo en cómo hacerlo y qué recursos y energías deben dedicar a cada una de las actividades, en lugar de dejarlo todo al libre albedrío de unas voluntades individuales, cuyas motivaciones son el lucro, incluido el lucro irresponsable que provoca catástrofes como la que nos ocupa en estos días. Digo que lo comprendo a medias, porque con toda seguridad esa aversión guarda relación con los fracasados experimentos del socialismo real.

Ya se escucha el coro: “no hay alternativas, lo real es el capitalismo, lo demás son fantasías de la voluntad”. Muy bien, no las habrá, pero una cosa no quita la otra. Que no haya alternativas políticamente viables, porque las mismas están fuera del horizonte cultural de nuestro tiempo, que la idea misma de alternativa al actual curso de la historia resulte ininteligible para la mayoría, no significa que debamos hacer el elogio de lo real. Aunque mañana se demuestre que el capitalismo es inherente a la naturaleza humana, y que por lo tanto nos acompañará hasta el final de los tiempos, no significa que debamos negar su carácter intrínsecamente injusto y despilfarrador.

La ocasión nos encuentra, además, en una época en la que se conmemora la “semana del corazón”, en la que se pretende aconsejar a los mozos de bar sobre cuándo y cómo echar a los parroquianos que han bebido de más, y de una preocupación generalizada por la prolongación de la vida y la extensión de las buenas costumbres.

No en vano lloraba ante las cámaras la ministra del Interior, declarando que los socialistas son “buenos soldados”. Son tan buenos soldados como Atila era un buen huno. Antes se promulgaban leyes que limitaban la ebriedad o el descontrol de los más transgresores, y que en la mayoría de los casos eran olímpicamente ignoradas por la población y por la autoridad, porque ambas se habían fijado sus propios y ancestrales límites, los que solían funcionar bastante bien para preservar la paz en la tradición latina de control del descontrol

La revitalización del Orden protagonizada por el Frente Amplio ha hecho que zafar cual anguila de ciertas reglas que nos ridiculizan, ya no sea tan fácil. La población frenteamplista ahora te mira y te dice “vos serás mi amigo, pero si fumás acá, te denuncio”. Maniobra exitosa, ya que la mayoría opta por fumar en el balcón. Otro "amigo" re-frenteamplista me ha amenazado con denunciarme a la DGI por hacer un dibujo y venderlo sin cobrar IVA. Gauchos hasta el final, el patroncito es otro y otros los patrones.

Nos quieren hacer creer que el crimen es apenas fruto del desorden, de la indiferencia y del consumo de drogas, y que éstos son simplemente males de esta época. De paso meten en la misma canasta a justos y pecadores, como si el mero consumo de sustancias, el desorden o la indiferencia fueran las verdaderas causas del delito. Como si el consumo hiciera de los buenos, malos (y de los malos que no consumen, buenos). Tienen su guerra contra la droga, la que se prolongará hasta que aparezca un enemigo más útil y potencialmente más peligroso, como los pollos con gripe o la madrassa de La Teja. Ahí la abandonarán, sin haber ganado ni perdido, ni causado bajas más que entre el enemigo.

El término "guerra contra el narcotráfico" o “las drogas” ha pasado del lenguaje de Ronald Reagan al lenguaje oficial y, finalmente, al lenguaje cotidiano. Es una guerra santa y extraña, la que al decir de un general-estadista, como se emprende sin la convicción de la victoria, se pelea con la certeza de la derrota. En esta guerra, uno no puede sino preguntarse quién decidirá cuál será y cuándo tendrá lugar la madre de todas las batallas, la que terminará con la victoria de los buenos sobre los malos, la que terminará con la fantasía de los unos y dará lugar a la mona de los otros.

Los expertos en seguridad del Frente Amplio están desarrollando una brillante estrategia en varios frentes simultáneos, que basada en las experiencias históricas de la OPR-33, se encaminan hacia la victoria final contra la Droga. A cargo del arenero se encuentra el general Jorge Vázquez, hermano del presidente y no sé qué más.

El frente principal, el que brinda mejores promesas electorales, es el de alimentar el odio cerril hacia los consumidores de pasta base, los que deben aparecer como inventores de la violencia y el crimen, fenómenos hasta ahora desconocidos en el Uruguay. No es sorprendente que la prensa amarilla siempre tenga un demonio para culpar por el mundo en que vive. Lo que sí es sorprendente es que el propio Frente Amplio arrime su cuota de leña al fuego, cargando las tintas sobre los comportamientos ilegales sin diferenciarlos de los antisociales.

Alguien, alguno del partido de gobierno, podría ensayar alguna interpretación alternativa (antes de que lo haga Larrañaga) y alguna estrategia, aunque sea para contrarrestar el embate del odio de clases implícito en el odio a los consumidores de pasta. Hay informativos que le asignan a la pasta base la autoría de fechorías cuyos autores no han sido ni siquiera identificados.

La pasta es una droga de mierda que hace mal, y que mejor no tomar, eso es todo. Desde hace décadas hay programas de rehabilitación para heroinómanos en la mayoría de los países europeos, en los que tratan a cualquiera deseoso de no tener que robarle la garrafa a la madre para procurarse paz. Algunos programas involucran tratamientos basados en suministrar fármacos similares, otros en suministrar la propia sustancia sujeta a algún tipo de tratamiento, y otros en suministrar drogas sicológicas con la esperanza de que puedan sustituir a las químicas. Los socialistas vernáculos, sin embargo, creen que la mejor estrategia es fomentar el odio hacia los consumidores de drogas legales e ilegales, permitiéndo y fomentando los informes periodísticos que atribuyen todos los males al consumo de ciertas drogas y no a las ganas de afanar, como ha ocurrido desde que Roma es Roma.

El segundo frente opone a las mulas que se arriesgan a llevar unos kilos de merca por dos o cinco mil dólares, con una Europa capaz de consumir cantidades prodigiosas de cocaína, y los inversionistas que las mandan. Es la vuelta al mercantilismo. Los filtramos acá y los microfiltran allá. Acá rebotamos a las mulas y allá a los yoruguas. Y todo por nada, porque hay tanta merca hoy en Europa como la que había veinte años atrás (y sospecho que la que habrá dentro de veinte años). Magra cosecha para una guerra que ha dejado tanta sangre derramada y tantas vidas arruinadas. Se llenan nuestras cárceles porque alguna gente en Madrid quiere jalar cocaína. En términos futbolísticos, la cocaína se lleva el punto de visitante.

El tercer frente, que involucra a la mayoría de la población, existe desde siempre y ha sido adoptado por sectores clave del gobierno, a los que el consumo de yerba mate ha hecho inmunes a las ideas que no provengan de Tabaré Vázquez, y ya que éstas no abundan, a los principios del “ideario artiguista” tal como los entiende Eduardo Galeano. Este frente se ocupa de todos los "hábitos" (en el sentido hinduista del término) que conspiran contra el país productivo, saludable, solidario y alineado. Para preservarlo pusieron a cargo de la Junta Nacional de Drogas a un tipo que obviamente carece de amigos o tiene unos amigos muy raros, y que dice que la marihuana es un "error y un horror".

Planteada en esos términos, en esta batalla todos somos combatientes.

La enésima crisis política que vive Bolivia desde hace varios meses parecía encaminarse en el momento en que escribo estas líneas a una salida dialogada. Después de 16 muertes violentas, o 30, dependiendo de quién haga las cuentas, gobierno y oposición se sentaron a negociar, tras tomar tardíamente nota de que el horno planetario no está para bollos revolucionarios ni absolutistas. En otras palabras, que ni la oposición puede ignorar la legitimidad democrática del gobierno de Evo Morales, como hubiera hecho en otros tiempos, ni éste imponer a cualquier precio su proyecto.

La enésima crisis política que vive Bolivia desde hace varios meses parecía encaminarse en el momento en que escribo estas líneas a una salida dialogada. Después de 16 muertes violentas, o 30, dependiendo de quién haga las cuentas, gobierno y oposición se sentaron a negociar, tras tomar tardíamente nota de que el horno planetario no está para bollos revolucionarios ni absolutistas. En otras palabras, que ni la oposición puede ignorar la legitimidad democrática del gobierno de Evo Morales, como hubiera hecho en otros tiempos, ni éste imponer a cualquier precio su proyecto.

Dado que la tentación de exterminar al otro ha sido un ingrediente de las tradiciones políticas de ese país, sería temerario descartar que se produzcan nuevos episodios de violencia. Pero en una era liviana como la nuestra, poco inclinada a las causas heroicas e innegociables, es probable que los agonistas se comporten más pragmáticamente y renuncien a su programa máximo.

El drama de Bolivia no puede entenderse con las viejas claves interpretativas y los automatismos ideológicos propios de la Guerra Fría, esos que en estos días nos cuentan que el conflicto que desgarra al país era “inevitable” o que obedece al intento de una elite de derrocar a un presidente que ha emprendido un cambio revolucionario y/o a la conspiración del imperialismo norteamericano para acabar con un gobierno que se habría pasado al “bloque enemigo”.

Por empezar por lo segundo, Estados Unidos ya no piensa en derrocar gobiernos como antes de la caída del muro. En primer lugar, porque sabe que el poder real no depende del control de un territorio (como demuestra su atascamiento en Irak). En las actuales condiciones de crecientes interdependencias no hay imperio capaz de lograr que su dominio sobre un territorio se traduzca automáticamente en un dominio político y económico. Precisamente por haber actuado unilateralmente en un mundo de crecientes interdependencias, en el que los Ejércitos ya no lo deciden todo, en el que el poder ya no va de la mano del control de un territorio o de un gobierno, en el que el capitalismo parece más inclinado a gustar, seducir y vender que a pulverizar enemigos, precisamente por haber creído, al igual que muchos de sus detractores, que podía hacer lo que quería, Estados Unidos es una potencia decadente que ya no seduce. Es demasiado pronto para saber si han tomado nota de estas nuevas circunstancias, pero lo cierto es que las estrategias del capitalismo contemporáneo parecen encaminarse más a una hegemonía liviana que a los golpes de Estado brutales.

Hay, además, otro dato que no puede ignorarse: como ha demostrado la reciente cumbre latinoamericana en Santiago: el contexto regional tampoco es el mismo que unas décadas atrás. La interdependencia de los países del continente no le permite a los gobiernos desentenderse de lo que ocurre al lado, sobre todo si ese ‘al lado’ es un país que alberga un mar de gas natural. El mensaje de Lula, Kirchner, incluso el de Uribe, ha sido cualquier cosa menos ambiguo: no vamos a tolerar la caída de un gobierno democrático que acaba de legitimarse en un referéndum en el que obtuvo el 67% de los votos. He aquí otra señal de que se acabaron los espacios para las dictaduras. Podrá haber (y hay) fuerzas con poder suficiente como para desestabilizar a un gobierno (Argentina, Ecuador y la propia Bolivia son ejemplos patentes de esa posibilidad), pero una dictadura pura y dura, como las de antes, no tiene en las actuales condiciones internacionales la menor posibilidad de mantenerse ni un mes en el poder, como ya demostró el patético ensayo de sacar a Chávez de circulación. Y eso lo saben los protagonistas del actual conflicto boliviano, incluidas las Fuerzas Armadas, cuyo apego presente al orden constitucional es un dato que los nostálgicos de la Guerra Fría no pueden asimilar.

Pero aunque nadie, salvo una minoría de primates, pueda soñar ya con destruir al enemigo, el conflicto sigue. No sólo sigue, sino que puede hacer correr más sangre de la que ya ha corrido. Incluso en la eventualidad de que no sea el resultado buscado por los protagonistas. Porque si bien las intenciones y la voluntad de los hombres tienen su papel en la historia, éstos interactúan (a veces de muy mala manera) con las intenciones y voluntades de otros y el resultado de esas interacciones suele ser casi siempre un resultado no deseado por ninguno de los protagonistas de los hechos. Lo que resulta de la historia no es casi nunca lo que los hombres querían.

¿Qué es lo que está en juego entonces en Bolivia? Con la cautela que se impone cuando no se está en el terreno, lo primero que habría que puntualizar es que, desde luego, no una revolución social que esté provocando una reacción simétrica pero opuesta. Incluso a la “nacionalización” del petróleo, que tanto ha publicitado Evo Morales, se le puede aplicar aquello de que no todo lo que brilla es oro: lo único que ha nacionalizado el gobierno boliviano ha sido el recurso del subsuelo. El resto sigue todo como estaba, como era de prever. Morales no pudo desembarazarse de las multinacionales que extraen el petróleo de los pozos, sino negociar con ellas unas mejores condiciones a la hora de repartir los ingresos petroleros. Es a lo máximo a lo que podía aspirar, lo que, entiéndase bien, no es en absoluto despreciable. A pesar de la vacía retórica revolucionaria de su a estas alturas incómodo aliado Hugo Chávez, las pretensiones de Evo Morales son mucho más modestas (y realizables, que es de lo que finalmente se trata) en una sociedad con la mitad de su población sumida en la pobreza y víctima del desprecio racista de quienes se habían acostumbrado a manejar al Estado como si fuera una junta de accionistas de su propia empresa. Diga lo que diga Evo, el boliviano es uno más de la extensa lista de Estados nacionales que no están dispuestos a correr los riesgos de cortar amarras con el mundo capitalista. Sencillamente no está dentro de sus posibilidades.

Claro que eso no ha impedido que varias de las iniciativas tomadas por el gobierno del MAS provocaran urticaria a las clases dirigentes asentadas en los departamentos más ricos del oriente del país. Unas clases, hay que decirlo, a las que casi cualquier cosa les provoca urticaria. En primer lugar, la decisión del gobierno de reducir la parte de la renta del petróleo que antes recibían los departamentos donde se encuentra ese recurso y destinarla a un bono para los bolivianos pobres de más de 60 años. Los gobiernos departamentales pusieron el grito en el cielo, y desde entonces empezó a crecer la reivindicación autonomista. Hasta ese momento nadie había oído hablar de peculiaridades o sentimientos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Detrás de la fachada de la reivindicación autonomista, lo que se oculta en el fondo es una descarnada lucha por los recursos económicos. No por azar son las regiones más ricas las que en todas partes reclaman una mayor autonomía que, a su juicio, debería acompañarse del “derecho” a quedarse con los impuestos que se recauden en “su” territorio. Lo mismo sucede en el País Vasco y en Cataluña, que después de todo tienen especificidades menos fantasmagóricas que las de Beni, Tarija o Santa Cruz. Resignados acaso a tolerar a Evo Morales y al gobierno del MAS, los dirigentes de los departamentos del oriente boliviano han inflado la causa autonomista (y si no hubieran recibido las advertencias que recibieron, no dudarían en pedir la independencia). Pero si Bolivia es un país y no una suma de reinos de Taifas, la pretensión de que los impuestos se queden allí donde se generan es insostenible. Ese tipo de transferencias de renta entre regiones con desigual desarrollo social y económico son el pan de cada día en las sociedades modernas, en las que la universal condición de ciudadano está por encima de asuntos tan aleatorios como la localidad en la que se haya nacido, la raza o el idioma que hablen unos y otros. El petróleo y el gas no son de Tarija, Chuquisaca o Santa Cruz; son, o deberían ser, de los bolivianos.

Aunque, vista desde esta comarca, la reivindicación de una mayor autonomía departamental parezca, como se ha dicho, una coartada para quedarse con una mayor parte del botín, lo cierto es que esa aspiración cuenta con el apoyo de entre el 60 y el 75% de los bolivianos que viven en los llamados “departamentos opositores”.y por eso mismo se ha convertido en un conflicto político que no es posible soslayar. Otra cosa es que los líderes autonomistas tengan derecho a declararse autónomos por su cuenta y riesgo o a aprobar estatutos de autonomía al margen de la constitución y las leyes bolivianas, como han hecho. Los primeros ecos que llegan de las negociaciones indican que tanto la distribución de la renta petrolera como los estatutos de autonomía serán objeto de negociación y el resultado de la misma formará parte del nuevo texto constitucional, que Evo Morales ha aceptado, finalmente, consensuar.

En tercer lugar, hay que mencionar una iniciativa del gobierno que ha tenido menos repercusión en los medios, pero que forma parte de la larga lista de “agravios” que han irritado a la oposición: un proyecto de reforma agraria que limita la propiedad privada de la tierra.

Difícilmente puede ponerse en duda el derecho del gobierno boliviano para tomar iniciativas como las mencionadas o para negarse a aceptar unas autonomías que pretenden imponerse por la vía de los hechos consumados. Forman parte de las potestades de cualquier gobierno democrático, en particular de uno que cuenta con un apoyo abrumador en las urnas. La democracia que invocan los opositores a Evo Morales terminaría convirtiéndose en una cáscara vacía si un gobierno que cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos no puede tomar iniciativas para introducir más igualdad y justicia en la sociedad. La pertinencia y la justicia de esas iniciativas sólo pueden dirimirse en el ámbito de la política, en el que no valen las invocaciones al origen de los protagonistas del reclamo o de los gobernantes que toman las iniciativas. Las transformaciones que propone Evo Morales no son legítimas porque se hagan en nombre de los indígenas, como pretenden algunas voces del fundamentalismo aymara (después de todo los indígenas como cualquier otro grupo social, también pueden proponer disparates o reclamar una insensatez), sino porque son justas y razonables como creo que son. Y si como ocurre con harta frecuencia en política, no se llega a un consenso sobre la justicia, la minoría deberá aceptar lo que decida la mayoría de los ciudadanos, con independencia de que sean indígenas, blancos, mestizos o tartamudos.

Diferentes son los términos en los que se plantea el que tal vez sea el tema más conflictivo de todos: el proyecto de nueva constitución propuesto y aprobado el año pasado en una Asamblea Constituyente únicamente con los votos del MAS. No es que el gobierno de Evo no tenga derecho a proponer una reforma constitucional. Lo tiene. Sin embargo, uno supone que tratándose de la constitución, es decir del marco jurídico básico de una comunidad política, lo que podrían considerarse las leyes de juego, conviene que esas reglas sean consensuadas y no impuestas por la mayoría, sobre todo cuando la minoría excluida representa, como representó en la Asamblea Constituyente, a más del 40% de los ciudadanos. El propio Morales parece haber tomado conciencia de que allí estaba su talón de Aquiles, puesto que en estas horas ha aceptado postergar la convocatoria del referéndum constitucional y volver a discutir el texto de una nueva carta magna, que tiene demasiados aspectos controvertidos. Cuando no se lo ha leído, como es mi caso, se impone convocar nuevamente a la cautela. No obstante, menciono el carácter indigenista que le atribuyen muchos de sus críticos y que sus defensores no desmienten. A cuenta de una discusión más profunda, permítanme resumir los términos de esa controversia en las siguientes interrogantes: ¿qué principio debe primar cuando en un texto legal se invocan dos principios contradictorios entre sí como son, por un lado, el derecho democrático moderno, que otorga la preeminencia al individuo, sujeto de todos los derechos universales, y por otro las tradiciones aborígenes? Si las tradiciones indígenas sostienen que la autoridad del cacique está por encima de los derechos de los miembros de una comunidad aborigen, ¿la nueva constitución debe consagrar ese principio?, ¿habrá dos criterios constitucionales, uno aplicable a los aymaras y otro al resto de los ciudadanos? ¿La condición de indígenas es más importante que la de ciudadanos?

Los involucrados en el conflicto boliviano parecen haber reparado en estas horas en que el mundo y la región en los que están irrevocablemente condenados a vivir (y conviene no olvidar que se trata de un mundo y una región que determinan mucho más lo que pasa en Bolivia que unas décadas atrás), no aceptarán una salida autoritaria. Se trata apenas de una oportunidad para que Bolivia deje de recurrir a la violencia para abordar el conflicto, un conflicto que es inherente a la vida en sociedad.

Que el gobierno de Evo Morales no haya convocado a una vendetta nacional contra quienes, apegados a las maneras tradicionales, masacraron estos días a 16 campesinos en el departamento de Pando, sino que haya detenido al principal acusado de instigar esos crímenes infames para llevarlo ante la justicia, indicaría que la creencia en que es posible que deje de correr sangre no es una mera ingenuidad.

Parecía claro que Prudente actuó de acuerdo al reglamento (repetidamente anunciado a todos los participantes.) Si el remiso hubiera sido Villa Española, le habrían cargado la culpa al utilero y Nacional se habría alzado con los puntos, sin mucha discusión.

Horas después, nos vemos sometidos al sermón del propio Alberto Kesman en el que afirma que a Prudente se le había "ido la mano". Me dio la impresión de que Kesman estaba culpando al juez del partido el haber sido apedreado por un grupo de tarados. Sacudí la cabeza, como el gato, y cambié de canal.

En el 10, otro "periodista" deportivo culpaba al juez por "falta de cintura". Alexis Viera decía que "hay que pensar en los 11 mil hinchas que vinieron, es una falta de respeto hacia ellos" aunque él no estaba en la cancha a la hora del partido. Arde Troya. "Por culpa de Prudente", algunos centenares de hinchas de Nacional deciden actuar como bestias a vista del público por televisión. Horas después aparece Balbi mintiendo y diciendo que el equipo estaba en la cancha, cuando no lo estaba, y amenazando directamente a Prudente.

No entiendo lo que impulsa a Kesman y a algunos de sus colegas a culpar al árbitro habiendo sufrido una agresión directa por parte de hinchas de Nacional. Creo que no lo entenderé nunca. Lo que entiendo es que son gente de fútbol y que tienen sus códigos. A estos tipos siempre hay que escucharlos entre líneas, porque una noche están con Casal y la otra con Abel

Me parece mucho más improtante la intervención de José Mujica en este tema, en la que también le achaca a Prudente "falta de cintura", porque, según él, todos los reglamentos "deben ser aplicados con flexibilidad". No puedo estar más de acuerdo. El problema es que Mujica, como referente de la legalidad, no puede ignorar que si un productor se atrasa en la delaración de IMEBA o está en falta con la DICOSE, o si me atraso un día en pagar la cuenta de UTE, me cobran intereses y me cobran "multas" Y si fumo en un tejado abierto por dos costados, le cobran mil dólares al dueño.

Da un muy mal ejemplo el senador Mujica al relativizar la herramienta principal de este gobierno: el apego a las normas (y la obsesión por promulgarlas).

Nacional debe perder el partido, debería perder otros tres puntos por apedrear periodistas, y el Senador Mujica debería aclarar lo que quiso decir sobre la flexibilización de los reglamentos.

Era previsible que la preocupación por la seguridad iba a continuar. Pero podía suponerse que remitiría la intensidad con que se manifiesta en estos días, que una vez convertida en rutina terminaría adaptándose a la real magnitud del problema. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Una buena parte del espacio público está hoy ocupada por el miedo generalizado, aparentemente causado por las amenazas a la seguridad personal.

Era previsible que la preocupación por la seguridad iba a continuar. Pero podía suponerse que remitiría la intensidad con que se manifiesta en estos días, que una vez convertida en rutina terminaría adaptándose a la real magnitud del problema. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Buena parte del espacio público está hoy ocupada por el miedo generalizado, en apariencia causado por las amenazas a la seguridad personal.

El asalto del quiosco de la esquina, la violación de una adolescente por el padrastro, el asesinato de un policía, el empujón a la señora en la calle para quitarle la cartera forman parte de nuestras conversaciones y ansiedades diarias. No parece sencillo, sin embargo, demostrar que la generalizada sensación de inseguridad obedece a un incremento significativo (y estadísticamente demostrable) de las amenazas a la persona o a su patrimonio. A pesar de las discrepancias que existen entre los numerosos contadores de hurtos y rapiñas, hay consenso en que al menos en los últimos 15 años éstos se han mantenido constantes, con pequeñas variaciones de un año a otro. No es posible, entonces, sostener seriamente que las 600 rapiñas de más que ha habido en el último año (dos más por día), según datos oficiales, son el motivo de la inseguridad y la incertidumbre reinantes. Si las amenazas a la seguridad personal no se “universalizaran” a través de su difusión pública, la gran mayoría de las personas no tendría siquiera conciencia de la magnitud de las mismas.

Los medios han jerarquizado hasta tal punto la llamada información policial que cualquier observador no muy atento podría concluir que la rapiña al chofer de un ómnibus, el asalto a la panadería o el trágico (pero excepcional) asesinato de un comerciante son tan importantes para el futuro (y la seguridad) de los habitantes de este país como las reglas de la OMC, el precio del petróleo, los consejos de salarios o el futuro del MERCOSUR. Constataciones que no pretenden sugerir la facilísima explicación de que la inseguridad y el miedo son percepciones inducidas por los medios. Digámoslo de entrada para evitar equívocos: las personas tienen miedo, se sienten amenazadas. Justificada o injustificadamente, pero se sienten amenazadas, vulnerables, desamparadas. Y los medios lo saben. Su prédica, su apenas velada acusación a las autoridades por la supuesta ineficacia a la hora de cazar a los bribones conecta con esa angustia imperante, no la crea.

Vivimos aterrados, somos criaturas miedosas. Tenemos una sensibilidad finísima para percibir amenazas casi por todas partes y nunca andamos escasos de ocasiones para sentirnos inseguros o desprotegidos. No deja de haber algo paradójico y misterioso en esta facilidad contemporánea para entrar en pánico. Un inventario de los principales rasgos de esos miedos puede ayudar a pensar el fenómeno. No para desterrarlo definitivamente, una empresa que parece del todo imposible, pero al menos para evitar que el miedo nos domine y nos haga reaccionar como animales ante él, es decir reduciendo el espectro de posibles respuestas al ataque o la huida.

La sensación de inseguridad recorre a todo el planeta, con independencia de la sociedad en que se viva. Si el fenómeno se extendiera únicamente por los países donde la inseguridad personal campea por sus fueros, se entendería perfectamente, pero ello no ocurre. Desde México a Caracas, pasando por Moscú, Zurich y Johannesburgo, los ciudadanos padecen la angustia que provocan la inseguridad y el desamparo. Incluso en aquellos países donde la pobreza se ha reducido a su mínima expresión, el ciudadano se siente inseguro. También el temor se ha globalizado. No parece que haya un lugar, un muro o un ejército en condiciones de protegernos de las amenazas, tan móviles como el capital.

Otro rasgo de los miedos contemporáneos es que están obsesivamente enfocados en las amenazas que acechan a la persona (en el sentido corporal más inmediato) y a su patrimonio, menos abarcadoras que las mucho más extendidas amenazas a nuestra seguridad existencial, a nuestro lugar en la sociedad, a nuestro empleo, a nuestra fuente de ingresos y, por ende, a nuestra autoestima e identidad como individuos. Amenazas de las que nadie está a salvo y que convierten a nuestro futuro en algo plagado de incertidumbres e inseguridades. Si de lo que se habla es de la inseguridad imperante, no deja de ser llamativa la muy diferente atención que reciben de los políticos (y de los ciudadanos) la preocupación por una seguridad concebida casi exclusivamente como seguridad física y patrimonial, que se expresa a los gritos e histéricamente en el espacio público, y las amenazas que regularmente produce la sociedad globalizada, que resultan inaudibles en medio del ruido que genera la primera.

Otra paradoja reside en que el miedo y la sensación de desprotección que describo son sentimientos que padece un individuo que vive en sociedades más protegidas que cualquier otra en el pasado. En lo que respecta a las fuentes de miedo tradicionales en el hombre, la era moderna ha traído avances notables en al menos dos de ellas: las “iras” de la naturaleza y la fragilidad del cuerpo humano están más controladas que nunca antes. Y sin embargo parece que estuviéramos a merced de ellas. Se puede alegar, con razón, que estamos lejos de vivir en un mundo que garantice la seguridad personal total y absoluta, que perviven las amenazas provenientes de las fuerzas de la naturaleza y de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos. Sí, están el Katrina y numerosas enfermedades epidémicas para atestiguarlo. Pero esa constatación no puede negar la evidencia de que hace cien años (o menos incluso) millones de personas morían como moscas por causas equivalentes. Hay, sin embargo, algunas pistas que pueden ayudar a comprender por qué los miembros de la sociedad tecnológicamente más avanzada de la historia se sienten personalmente tan vulnerables y tienen tanto miedo. Por un lado, somos modernos y la modernidad vino con la promesa de que la razón y la ciencia controlarían a la naturaleza y desterrarían sus amenazas y harían a nuestros cuerpos menos vulnerables. Es obvio que algo de eso ha ocurrido, pero, como era de prever, aquella promesa imposible no se ha cumplido cabalmente. Acaso esas amenazas se han redistribuido de otra forma: los ricos tienen más recursos para combatir las amenazas a su seguridad personal que los pobres, pero desaparecer no han desaparecido. Ni desaparecerán. Quizás esa constatación nos decepciona… y nos empuja a buscar un responsable de unos temores que supuestamente deberían haber quedado atrás. Por otro, puede sospecharse que tras experimentar un mayor bienestar como sociedades humanas, nuestras expectativas no cesan de aumentar, lo que es perfectamente comprensible (aunque no siempre razonable). Una protección personal que a los humanos de otras épocas les hubiera resultado el no va más de la seguridad, les resulta insuficiente a los actuales. Lo mismo puede decirse de unas expectativas de vida que se han disparado y que sin embargo no evitan que estemos buscando como locos a los responsables de que no vivamos 100 años. Estamos convencidos de que las autoridades deben protegernos de todos los peligros que amenacen nuestros cuerpos, es decir, no sólo de un potencial asesino, sino de los alimentos insanos, del aire contaminado, del humo del cigarrillo, de los accidentes de tránsito, etc.

El inventario de los miedos contemporáneos quedaría incompleto si no mencionamos las inseguridades e incertidumbres que provienen de la propia sociedad, de la forma en que está (des) organizado el mundo actual. Acaso las ansías de seguridad personal han ocupado todo el escenario e impedido que se expresen en el espacio público esas otras amenazas imposibles de atribuir a la impericia de las autoridades o a la naturaleza (salvo que se ‘naturalice’ el actual ‘orden’ del mundo, cosa harto frecuente por cierto). Mientras las demandas de protección personal ingresaron de lleno, y ruidosamente, en el ámbito de la política, el desamparo, la desprotección, la angustia y el miedo que suscita la llamada globalización se han cocinado en la intimidad, el consultorio de un psicoanalista o la inacabable búsqueda de un curriculo profesional siempre incompleto y de utilidad incierta.

La globalización (la actual forma que asumió la globalización habría que decir con más propiedad) es una fuente permanente de incertidumbre/inseguridad. Nuestros mayores temores se gestan en la inseguridad presente y la incertidumbre sobre el futuro, cuya compañera inseparable es la sensación de impotencia: no tenemos control sobre nuestras propias vidas, entendidas como el lugar que ocupamos en la sociedad, nuestros empleos, nuestros ingresos y aquellas certezas mínimas sin las cuales la promesa moderna de libertad y autonomía individual es sencillamente inconcebible.

Hace cincuenta años, quien ingresaba a la Ford tenía grandes posibilidades de terminar su vida laboral en la Ford. Hoy, quien entra en Microsoft sabe que no la terminará allí. Lo que no sabe es dónde y cómo la concluirá

Cuando la extraterritorialidad del capital le permite desentenderse de cualquier compromiso local que haya podido asumir, cuando un colapso bursátil en un país puede generar una crisis en la otra punta del planeta, cuando una corrida bancaria puede arruinar la vida de miles de personas, cuando los costos salariales empujan a una empresa a trasladarse a otro continente y dejar en el mayor de los desamparos a sus trabajadores, cuando ya no tenemos certeza de que los estudios profesionales en los que invertimos tanta energía ayer nos servirán de algo pasado mañana, cuando la política, local y atada al territorio, es impotente para evitar los estragos de un capital nómada y para el que la geografía no es un obstáculo, cuando el Estado sencillamente ya no está en condiciones de garantizarle a sus ciudadanos una mínima estabilidad de sus condiciones de existencia, porque en buena medida sus decisiones deben contemplar las siempre crecientes exigencias del capital, en ese contexto, ya nadie puede sentirse seguro.

El miedo a la degradación y a la exclusión social se difunde a ritmo de vértigo. Se trata de miedos y angustias menos visibles y audibles que los provocados por la sensación de inseguridad personal, aunque sus raíces sean menos dudosas.

Nuestras perspectivas vitales pisan terreno resbaladizo, como ocurre con nuestros empleos y nuestro lugar en la sociedad. La imagen que mejor ilustra esta atmósfera es la de quedarnos rezagados, “de perder el tren”, o de caernos por la ventana de un vehículo que marcha a toda velocidad. Todos los compromisos y acuerdos –desde los laborales hasta los personales-- son “hasta nuevo aviso”.

La precariedad de los vínculos humanos es un rasgo distintivo de esta era. No estamos en condiciones de conocer por anticipado de dónde vendrán los golpes, ni quién será el primero en recibirlos. No sabemos, en suma, quién va a perder y quién a ganar. De lo poco de lo que sí estamos seguros es de que la dinámica de la sociedad actual crea y creará perdedores y ganadores. Y, desprovistos de cualquier perspectiva política (global) como estamos, sólo atinamos a aferrarnos a la esperanza de no terminar entre los primeros. La angustia y el miedo suscitados por la incertidumbre existencial no pueden, a diferencia del pánico provocado por la inseguridad personal, identificar a un culpable: sus fuentes son opacas, impersonales y en muchos casos tan lejanas y anónimas que nos cuesta creer que puedan tener algo que ver con nuestros infortunios o vulnerabilidad. Las hemos ‘naturalizado’. Nos sentimos impotentes frente a ellas. Sobre todo cuando se nos dice que el combate a las amenazas provenientes de la sociedad actual debe emprenderse con las armas que cada individuo tenga a su disposición.

Los miedos tienen, pues, otra cosa en común: deben ser combatidos individualmente. Como ocurre con todos los demás desafíos a los que deben enfrentarse los humanos en esta época, la de la sociedad individualizada. Las estrategias que sigue cada uno pueden variar, pero casi todas comparten la premisa de que en la carrera contra nuestros semejantes –percibidos como competidores por un lugar en el mundo-- sólo contamos con nuestros propios (y desiguales) recursos. La cooperación se presenta como una quimera y sólo atinamos a dotarnos de un mayor equipamiento educativo para evitar caer en la categoría de los excluidos. La indiscutible libertad de elección e incluso la incumplida promesa de la igualdad de oportunidades con que se presenta la modernidad global son, sin embargo, una cara de la moneda. La otra es la exclusión. En una carrera, aunque esté regida por las leyes más justas, no todos pueden ganar. El individuo puede conformarse con la esperanza de que, si se prepara como debe, tal vez caiga del lado de los ganadores, pero vistas las cosas desde una perspectiva social no hay forma de hacer el elogio de un mundo que produce vencedores y vencidos.

La individualización de las respuestas a esos desafíos abre la posibilidad de la culpa. Si todo depende únicamente de mí, y fracaso, entonces soy culpable. Algo debo de haber hecho mal. Es normal que una sociedad así sea percibida como una fuente de incertidumbre, como un territorio plagado de amenazas y peligros.

La seguridad personal también ha empezado a ser privatizada. Aunque no renunciamos a exigirle al Estado que nos proteja en ese terreno, empezamos a sospechar que su impotencia para reducir la incertidumbre existencial se está extendiendo al ámbito de la seguridad personal. Y también aquí hay un arsenal a disposición de la libertad de elección del individuo, tan variada como los variados recursos de que dispone cada cual: desde guardias de seguridad hasta alarmas, pasando por perros y alambres electrificados.

Queda en pie el desafío de explicar las inocultables paradojas de la cultura del pánico en la que vivimos. Si las estadísticas no indican que se hayan incrementado en este país las amenazas a la seguridad personal (al menos no tanto como para explicar la angustia imperante), si vivimos en sociedades más protegidas que nunca antes, si la mayor y más generalizada amenaza, fuente de nuestra sensación de desamparo y ansiedad, es la que proviene del orden del mundo actual, ¿cómo explicar que todos nuestros miedos se resuman obsesivamente en los peligros que acechan a nuestros cuerpos y bienes?, ¿cómo explicar que esas amenazas, acaso más visibles pero en todo caso menos generalizadas que otras, ocupen regularmente el centro de la deliberación pública?, ¿cómo explicar, en fin, que en lo que concierne a la seguridad personal esperemos del Estado y de los ministros del Interior lo que en ningún caso esperaríamos de ninguna autoridad política respecto de otras seguridades y certezas que acaso necesitemos tanto como aquélla?

No dispongo de respuestas propias a semejantes preguntas (y a otras miles, por supuesto), pero conozco las tentativas respuestas de otros, como Robert Castel, Zygmunt Bauman y José Antonio Marina. Voy a tratar de resumirlas para que esto se prolongue sólo lo indispensable.

Los tres sostienen que el miedo, por decirlo de alguna manera, está depositado en el lugar equivocado, que existe un desacople entre el objeto inmediato del miedo y las fuentes más profundas del desasosiego que alimentan el miedo. La posibilidad de que las causas enunciadas del sentimiento de inseguridad no coincidan con las causas reales se debe, según ellos, a que, los seres humanos son capaces de padecer temores que llaman de “segundo grado”, “derivativos” y que los hace capaces de reaccionar defensivamente no sólo ante una amenaza inmediata, directa (que es lo que les ocurre a los animales) si no ante amenazas hipotéticas, inverificables incluso. En el hombre el miedo puede disociarse del peligro que lo causa. El hombre es, como se dice con propiedad, el único ser que puede sentir miedos “injustificados”.

Siguiendo a estas autores, lo que distingue al miedo de hoy es el desplazamiento de los temores “desde las grietas y las fisuras en las defensas sociales (…) hacia ámbitos de la vida que aún siendo irrelevantes para la auténtica fuente de ansiedad, se hallan –consoladoramente- a plena vista y a nuestro alcance. Obviamente, el problema es que por mucho esfuerzo que invirtamos en esos ámbitos es improbable que logremos neutralizar o bloquear sus fuentes auténticas”. La explicación de ese desplazamiento residiría en que tememos sobre todo a los peligros inmediatos y queremos que los remedios también lo sean. Queremos soluciones rápidas, que traigan alivio instantáneo y que no nos compliquen. Nos irritan las soluciones complejas y de largo plazo.

Poner el énfasis en la protección personal.obedece a esa lógica que trata de encontrar culpables con rostro, identificables, cercanos, “a la mano”, no anónimos, lejanos e inidentificables como son los responsables de la incertidumbre existencial. Las amenazas a la seguridad personal son simples y evidentes, el enemigo es claro. Las otras son complejas y nada claras y sus soluciones sólo pueden pensarme e implementarse colectivamente. Un incordio para los que quieren soluciones ya.

El foco en los malhechores que amenazan nuestra seguridad personal, nuestros hogares y nuestros bienes se adapta perfectamente a ese hábito. Al Estado no le podemos pedir que nos dé certezas sobre el futuro (ya sabemos que con el mercado no hay quien pueda), pero sí podemos exigirle que nos proteja. Atado, como está, al territorio, puede o se supone que puede (y así se lo reclamamos) protegernos de las amenazas inmediatas que acechan a la vuelta de la esquina. Nadie discute que conserva el monopolio de la ley, el orden y algunos servicios básicos. Y si no lo hace bien se lo considerará responsable por ello. Pero nadie es tan ingenuo como para esperar en estas épocas que el Estado controle las otras fuentes remotas de inseguridad.

Así las cosas, los políticos en el gobierno deben prometer seguridad a los ciudadanos. Saben que no se les perdonará la menor flaqueza en ese terreno. Y los opositores intentarán una y otra vez sacar partido de un problema que no tiene las soluciones inmediatas, simples y represivas que demanda la tribuna. Precisamente, una de las cosas que más complica el debate sobre la inseguridad es que ningún político tiene el coraje de decirle a los ciudadanos que los miedos y angustias debidos a su sentimiento de inseguridad personal no tienen la solución inmediata que están aguardando, que su superación reside en factores que, en parte, escapan por completo a su control.

No se trata de abrirle un proceso al miedo. Es posible que muchas de sus figuras deriven de una más primaria, el miedo atávico a la muerte y que, por ende, no sean fácilmente extirpables. Si así fuera, no parece que la batalla contra el miedo sea una batalla que se pueda ganar definitivamente, como pretenden el ex presidente Lacalle y la mentalidad moderna.

Pero sí podemos evitar que el miedo nos domine y nos impida pensar. El individuo que no puede controlar el miedo, o cualquier otro sentimiento, es fácilmente manipulable, dominable por otros. Quienquiera que le suministre una protección pasajera o un sosiego a sus ansiedades obtendrá su sumisión, porque la obediencia actúa como analgésico de la angustia y la incertidumbre... como se ha encargado y se encarga de demostrar la historia política y nuestra propia experiecia. Cuando una sociedad siente miedo está dispuesta a cambiar libertad por seguridad.

Aqui yace Milton Romani
victorioso en la Guerra contra la Droga.

Aqui yace Milton Romani
victorioso en la Guerra contra la Droga.

En momentos de mayor lucidez, baja un peldaño y lee:

Aquí yace Milton Romani
ganador de muchas batallas
en la Guerra contra la Droga

Incapaz de admitir, aún en sus escasos momentos de mayor honestidad intelectual, que la Guerra contra la Droga está mucho más allá de sus limitadas capacidades, en la que han fracasado gentes de mejores talegos como Ronald Reagan y J Edgar Hoover, Milton vuelve a bajar un peldaño y ahora la emprende contra el alcohol. Claro, es una droga legal y como tiene en su mano a unos corderitos dispuestos a votar cualquier delirio de Tabaré Vázquez en el Parlamento Nacional, ahora puede hacer que su lápida lea:

Aquí yace Milton Romani
que no le ganó la guerra al alcohol
pero jodió a medio pueblo en el intento.

Parecería como si este gobierno se dedicara a desplegar las ideas más convencionales con respecto a los comportamientos sociales. En relación al alcohol, parece abandonar todo lo que significa la tradición latina de control del alcoholismo a favor del discurso más represivo, el anglosajón, sin tener en cuenta los resultados comprobables de las políticas que están intentando llevar a cabo. Mi teoría es que los cuarentones de barba rala que parecen ocupar tantos puestos gerenciales en este gobierno, quieren hacernos pagar por el modelo represivo básico que sufrieron cuando eran jovenzuelos, o que sufrieron sus padres cuando se refugiaron en Alemania Oriental o en Moscú. Reformas aparte, este es el gobierno más represivo desde la última dictadura, y el desatino de Milton Romani concuerda totalmente con esta apreciación.

El modelo represivo anglosajón, que sólo parece estar en su plenitud en los países del núcleo duro (Reino Unido, Australia, Nueva Zelandia) no parece haber podido con el carácter borrachín de su población. Todos esos países, donde el control del expendio de alcohol es estricto, están muy por encima del promedio de consumo alcoholico per cápita del Uruguay.

Me tocó vivir en uno de esos países un largo tiempo, en Australia, y en un Estado particularmente estricto, Queensland, en la época digamos "primitiva" de la prohibición "à la Romani". En esa época, no se podía conseguir alcohol entre las diez de la noche y las diez de la mañana, en ningún lugar, bares incluídos. Eso era de lunes a sábado. Los domingos, el horiario legal se reducía a de 11 a una y de cuatro a siete. Siete menos cuarto estaban todos pidiendo cuatro cervezas y zampándoselas como se acabara el mundo, y además comprando latas de cerveza de a 24, por las dudas. Borrachos (los borrachos) por unanimidad. Era lo que llamaban el "estado niñera" (the nanny state). Estos tenían varias coartadas, empezando por la ética protestante y terminando por que existía una vieja tradición de limitar las horas de expendio de bebidas. Los Romani vernáculos tienen una única coartada, no ya el estado niñera (al que aspiran), sino el estado internista (que es lo que hay).

La tradición anglosajona de restringir los horarios de expendio de bebidas no es tan vieja como puede suponerse. Se remonta sólamente a la 1ra Guerra Mundial, cuando en Gran Bretaña se constató que muchos obreros que deberían haber estado fabricando obuses se habían demorado en su pub local dando cuenta de la tercera cerveza. Terminada la guerra, los idiotas de siempre (entre los que se cuenta el Licenciado Romani, sin duda alguna), decidieron que era una buena idea tratar de salvar a la gente de sí misma, y nunca, hasta el día de hoy, se bajaron de tan estúpida noción. Pero hasta los presbiterianos aprenden de sus errores, y veinte años más tarde en el estado de Queensland, se han estirado los horarios de venta de Droga, se han inventado nuevas formas de trampear al Estado Romanesco y se expenden bebidas en los lugares y en los horarios más insospechados. Han descubierto que la represión no es siempre el mejor de los remedios.

Brindo por un Uruguay sin Drogas, en el que el Presidente no sea Médico y que no tenga Hermanos.

Sería una oportunidad inmejorable para debatir las propuestas políticas de los precandidatos y ventilar las diferencias que supuestamente explican que haya más de un aspirante a líder máximo. De no ser así, estamos autorizados a sospechar que las riñas y disputas por la candidatura presidencial del Frente Amplio obedecen a otras razones que no pueden exponerse abiertamente en público.

Quienes deberían responder a estas dudas son los dirigentes de los partidos que integran el Frente Amplio, pero sería una ingenuidad esperar una explicación política de sus indisimulados afanes por llegar a unas elecciones internas con un menú concebido y preparado en la cocina del poder frenteamplista. Las elecciones internas tendrán lugar de cualquier modo, porque así lo prescribe la Constitución, pero al parecer lo que se busca es que los comensales no tengan más alternativa que aceptar el menú que se les ofrezca.

Lo que se atisba detrás de ese plan es el temor a que los votantes elijan mal, una eventualidad que nadie, salvo los populistas más irredentos, puede descartar, claro. Tras el rechazo de los irlandeses al Tratado de Lisboa en un referéndum, un canciller europeo dijo que la unificación del continente era demasiado importante como para dejarla en manos de la gente común y corriente. Es inimaginable escuchar semejante confesión de los dirigentes del Frente Amplio, pero todo indica que comparten con el ministro europeo el desprecio por la inteligencia de los votantes.

¿Pero qué sería elegir mal? En la era de la personalización de la política, elegir mal es optar por el candidato equivocado. Y el candidato equivocado sería el que tiene menos posibilidades de ganar las elecciones. Tal es la desnuda simplicidad del razonamiento de los líderes políticos y de muchos ciudadanos. El mejor no sería aquel que expresa el ideario y las aspiraciones de quienes están llamados a elegirlo (recuérdese que se trata de elecciones internas de un partido), sino aquel capaz de seducir a esa porción relativamente pequeña del electorado (la más desideologizada y despolitizada) que, finalmente, termina decidiendo las elecciones. Porque la gran mayoría ya tiene decidido su voto antes de la campaña, antes incluso de que los partidos escojan a sus candidatos. En ese marco están especialmente desaconsejados los exabruptos izquierdistas y los excesos de conservadurismo. Por eso no debería extrañar que los discursos de los partidos políticos en tiempos electorales se parezcan cada vez más y sus pretendidas diferencias remitan a aspectos menores, por ejemplo convencer al votante de que determinado candidato haría mejor, de forma más eficiente (no distinta), aquello que de todos modos hay que hacer.

Siempre según esta jibarizada concepción de la política, y puestos a optar entre las personalidades de Danilo Astori y José Mujica (o el precandidato anti-astorista que se cuadre, porque de eso se trata para la ortodoxia frenteamplista), el primero sería un candidato más digerible para ese gran desconocido que es el votante centrista, que aborrecería a quien ostenta una “mancha” de ex guerrillero en su currículum. Una conclusión indemostrable, por cierto, que los votantes no siempre están dispuestos a avalar, como quedó en evidencia en las recientes primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos.

¿Pero en términos políticos son acaso tan diferentes Astori y Mujica como para concluir que con uno el Frente Amplio se encaminaría hacia la gloria y con el otro al abismo? Astori es hoy sinónimo de estabilidad económica, respetabilidad, seriedad y confianza de los mercados. Representa, por decirlo con términos convencionales, la moderación y la previsibilidad, atributos que pueden importar a la hora de gobernar, pero no para ganar elecciones, pues se sabe que “los mercados” pueden hacerles la vida difícil a los gobiernos, pero sus votos no se cuentan por millones. ¿Y Mujica? Mujica no tiene (o al menos no ha expuesto en la arena pública) grandes diferencias con la política económica del gobierno. Es más, mientras fue ministro de Ganadería y Agricultura, apoyó esa política, que ciertas fábulas izquierdistas atribuyen al maquiavelismo del ministro de Economía. No hay nada en las siempre confusas y contradictorias propuestas de Mujica que sugiera que está inclinado a posturas ultraizquierdistas o experimentos estatistas. La aclaración es pertinente porque los disconformes con la política ortodoxa del gobierno frenteamplista han echado a rodar el cuento de que esa política fue concebida e implementada por Astori en oposición a la voluntad y las propuestas del resto de la izquierda. El relato es insostenible porque, empezando por el presidente Tabaré Vázquez, y siguiendo por los grupos más importantes del Frente Amplio, todos, absolutamente todos, han apoyado la política económica implementada por el gobierno. Acaso con alguna pataleta ya olvidada, como cuando el entonces ministro Mujica se erigió en vocero de los endeudados “productores rurales” o se opuso, con menos energía, a la firma de un TLC con Estados Unidos. Mujica no tiene ideas, sino ocurrencias, como la de abrir parrilladas a lo largo y ancho de Europa para vender carne uruguaya.

Entendámonos: Mujica y Astori no representan nada diametralmente opuesto en política. Sus diferencias son de apariencia. Mujica es un político ejemplar de la posmodernidad, un estilo (aunque le falten las corbatas que le sobran a Astori), una gestualidad, una pura forma vacía de contenido, que por eso mismo conecta bastante bien con la sensibilidad de una parte de los ciudadanos contemporáneos.

Astori conecta con otra. Quienes lo quieren de candidato presidencial están convencidos de que el gran activo de un candidato es su imagen centrista y su mayor atributo la capacidad de no decir nada que irrite a ese desconocido y despolitizado porcentaje de los electores que tienen la llave del acceso al gobierno. Si el sentido común de sus partidarios no está equivocado (algo que no hay que descartar) Mujica no sería el as de triunfo del Frente Amplio. Es una cuestión de imagen, no de ideario. Así son las cosas de la política en esta era liviana.

El problema que tienen los partidarios de uno y otro es que ninguno está en condiciones de demostrar que está en lo cierto y, por ende, de convencer a los frenteamplistas de que en esa timba de elegir al candidato con más posibilidades de ganar las elecciones nacionales, hay que poner las fichas en uno u otro casillero. Se puede alegar, como a menudo se alega, que las consideraciones programáticas y los argumentos acerca de los fines últimos de la política no interesan a la hora de ganar elecciones; se puede estar imbuido, como están muchos, de la convicción de que lo único que importa es que los buenos ganen en octubre del año que viene y que la elección del candidato, y de paso cualquier disidencia, deben subordinarse a ese objetivo superior. Pero aun aceptando todos esos presupuestos que impregnan el sentido común, ninguno puede asegurar que los votos que se ganen con un candidato “previsible” y moderado serán muchos más de los que emigren por ese mismo motivo. O viceversa, como sugieren los convencidos de que en cada votante frenteamplista late una vocación revolucionaria reprimida por la dirigencia. Esa imposibilidad de asegurar que tal o cual candidato garantiza el triunfo deriva del carácter imprevisible, mudadizo, caprichoso y, sobre todo, plural del electorado. Ya no es posible asegurar, como antaño, que la clase obrera, la clase media, el habitante de la ciudad o del campo votan de tal o cual manera. Hay de todo en todas partes.

Si las diferencias entre Astori y Mujica, o de un tercer o cuarto precandidato son tan importantes como sugieren quienes dedican en estos meses sus energías a blindar sus candidaturas en las trastiendas políticas, ¿qué mejor que las mismas se debatan a la luz pública en una campaña para las elecciones internas? Sería la mejor forma de comprenderlas y elegir con fundamentos, de manera responsable e informada. Y si de lo que se trata es de optar entre meras personalidades, con el resultado de los sondeos y una calculadora en la mano, pues lo mismo, qué mejor que unas internas no digitadas para conocer los gustos y prejuicios de los votantes.

Parece una contradicción que una fuerza política que siempre sostuvo que la última palabra la debían tener los ciudadanos muestre ahora reparos en dejar en manos de esos mismos ciudadanos la elección de su candidato. Siempre se puede alegar que los votantes desconocen los entresijos de la política y que, por tanto, pueden elegir mal. Por cierto que esa posibilidad existe, pero ¿la democracia no consiste acaso en dejar abierta esa posibilidad en lugar de encomendarle la tarea a un comité de sabios?

Ahora que han aprobado una ley que trata a los inmigrantes como delincuentes, conviene recordarle a los gobernantes de la Unión Europea estos principios que supuestamente guían su política exterior. Para que no los apliquen únicamente cuando se trata de lidiar con tiranuelos africanos o denunciar la violación de los derechos humanos en el Tíbet.

Cuando el crecimiento económico en Europa demanda brazos fuertes y dispuestos a hacer casi cualquier trabajo, sus dirigentes hacen la vista gorda y toleran incluso la inmigración clandestina. Cuando llega la recesión, o la amenza de recesión, la tolerancia muta en hostilidad. Dígase lo que se diga, la alarma de la UE no se debe a que haya en las calles de Madrid, Roma o Berlín miles de inmigrantes clandestinos entregados al saqueo, la violación o el tráfico de drogas. La inmensa mayoría de los latinoamericanos y africanos que lograron llegar ilegalmente a Europa por las vías más inverosímiles, están o estaban trabajando (por lo general en tareas despreciadas por sus huéspedes). La nueva legislación europea, que considera delito lo que antes era una infracción y autoriza el encarcelamiento de los inmigrantes hasta por 18 meses, no obedece, pues, al afán de poner orden en el caos. Obedece a que ya no los necesitan, a que les ha quedado un sobrante con el cual no saben qué hacer. Y eso es lo inaceptable, que el trato que se le dé a un semejante dependa de las previsiones económicas oficiales: si te necesitamos, te tolero; si eres excedentario, te boto. El superávit de inmigrantes abarca incluso a los que se hallan en una estricta legalidad, puesto que ya existen numerosos testimonios de trabas a la renovación de permisos de residencia y estímulos económicos para que la fuerza de trabajo sobrante haga sus maletas y regrese a sus países de origen. Lo llaman "regreso voluntario". No bien la locomotora económica europea comenzó a enlentecer su andadura, los gobernantes no dudaron en hacer las concesiones que demandaban unos votantes dominados por el pánico a que los sudacas y negros les quiten el trabajo o hagan colapsar el sistema de salud público.

Los derechos humanos de los tolerados inmigrantes clandestinos de ayer son sacrificados hoy en el altar de una causa superior: la estabilidad económica y social de Europa, el progreso, los imperativos del mercado, las cuentas públicas y todo lo que se quiera. Así como la dinámica de la economía exige reducir (o aumentar) las importaciones de materias primas, los subsidios, los impuestos o los estímulos a la inversión de capital, también puede demandar abrir o cerrar el grifo de la inmigración. Si la Unión Europea no tiene reparos en dar a los hombres el mismo tratamiento que a las cosas, como ocurre con la nueva legislación sobre inmigración, si está dispuesta a someter a un senegalés o a un ecuatoriano a las mismas leyes de la oferta y la demanda que rigen el intercambio comercial, entonces no debería agraviarse del reproche con el que se inician estas líneas. Cuando la Unión Europa dice, sin decirlo, que los inmigrantes pueden parangonarse a una tonelada de arroz o a cualquier materia prima, y que por tanto se deben importar o exportar según los vaivenes del mercado, traiciona cuanto proclama en los foros internacionales. Después de todo, su solemne compromiso de tratar a los individuos con la humana dignidad que se merecen, con independencia de su raza, religión u origen nacional, parece haberse topado con los límites de la razón económica.

Es esta inconsecuencia la que hay que recordarle a los Berlusconi y Sarkozy y a quienes alegan estar en sus antípodas políticas. No se trata, como se arguye en estas latitudes, de recordarles la incierta deuda histórica que supuestamente han contraído a raíz de las migraciones del pasado. ¿O acaso esta nada ilustrada mezquindad de la UE es condenable únicamente porque en el pasado millones de italianos y españoles desembarcaron en Montevideo o Buenos Aires? Si ese trasiego humano en dirección opuesta no hubiera ocurrido, ¿la nueva norma europea sería virtuosa?

Tampoco se trata de arrojar por la borda los principios que proclaman, con evidente doble discurso, los gobernantes europeos. La universalidad de los derechos humanos no debería ponerse en duda por el hecho de que los gobiernos europeos sean incapaces de defenderla hasta las últimas consecuencias. Sería como abominar de la democracia por el hecho de que los dictadores de este país la invocaron en su momento para cometer las tropelías que cometieron.

Dicho esto, conviene señalar que el problema de las migraciones no tiene solución en el actual contexto de la globalización. Los gobiernos de los países desarrollados seguirán tratando de regular el ingreso de inmigrantes de acuerdo con las necesidades de su economía y millones de desheredados seguirán intentando superar los muros, alambradas y disposiciones legales que se interponen en el camino de su bienestar. El conflicto entre quienes manejan el grifo de la inmigración en función de los imperativos del mercado y quienes están dispuestos a jugarse la vida por un trabajo razonablemente remunerado seguirá siendo ingobernable mientras reine la desigualdad en el mundo. Al compás de los ciclos económicos (o electorales), seguiremos escuchando con la misma rutina con la que se pone el sol a alemanes, franceses y españoles alegando que no pueden hacerse cargo del destino de millones de africanos y latinoamericanos y a éstos defendiendo su derecho a una vida digna que no encuentran en sus países.

Es que son tantos los potenciales migrantes, que ni siquiera los muros o el exacerbamiento de las medidas represivas podrán disuadirlos. Y eso en el caso de que esas medidas puedan intensificarse hasta el infinito. Algo dudoso, por cierto, ya que la actual vocación globalizadora del capitalismo demanda una liberalidad en los movimientos transnacionales incompatible a la larga con fronteras de acero. Lo mismo sucede con la alegada disposición de los gobiernos europeos a extender la democracia a todas las latitudes.

El conflicto entre "invasores" y defensores de la ciudadela de la opulencia (a la que ha contribuido, es bueno recordarlo, el trabajo de millones de no europeos) es la manifestación más evidente de otra oposición propia de estos tiempos globales: la que existe entre el carácter fluido y nómada de la vida económica (y hasta cierto punto social y cultural) y el sedentario, atado al territorio, de la política, de la ciudadanía y, por ende, de los derechos. El movimiento de bienes, servicios y capitales ignora las fronteras de los Estados nacionales. Cada vez más aspectos de la vida social y económica se sustraen a los límites de la geografía. Las personas son las únicas a las que parece no haberles llegado la hora de tener derechos globales. Se respetan las normas del libre comercio, pero el derecho a la libre circulación, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es papel mojado.

Que un asunto tan aleatorio y azaroso como el lugar de nacimiento siga siendo formalmente la clave para poder ejercer o no determinados derechos es una más de las incongruencias de este tiempo. Hay quienes sostienen que nadie repararía en esa incongruencia si todos los habitantes de la Tierra consiguieran vivir dignamente en los países en los que nacieron. Sería ridículo negar que una mayor igualdad y bienestar en los países más pobres reduciría el éxodo de africanos y latinoamericanos, pero incluso en esa eventualidad el empeño cosmopolita que podría terminar con la incongruencia señalada seguirá siendo tan necesario como ahora, porque aunque los hombres ya no se desplazarían para satisfacer las necesidades del estómago, lo harían para satisfacer otras que son puramente humanas. Aun en la hipótesis de la opulencia planetaria, es razonable suponer que los hombres –y en particular los hombres de esta era global– aspirarán a que su existencia no discurra en los estrechos límites de la aldea y la cultura en la que vinieron al mundo. Y bueno sería que así sea. De modo que el hecho de que un individuo tenga derechos de un lado de la frontera y los pierda no bien la cruza, seguirá siendo un problema. Un problema que afectará a un número creciente de personas.

Abundan, sin embargo, los detractores del supuesto utopismo que nutre la idea de una política y una ciudadanía globales. Alegan estos defensores del pragmatismo que si la solución del problema de la inmigración ilegal requiere la previa eliminación de la pobreza y alguna forma de ciudadanía global deberemos aprontarnos para convivir eternamente con el problema. Sostienen que el mundo de las fronteras nacionales y la desigualdad entre naciones es el que hay y que en él debemos arreglárnoslas.

Sin embargo, el supuesto "realismo" de la vía represiva de enfrentar el problema que ha descubierto la Unión Europea (y que el bueno de Rodríguez Zapatero llama "progresista") no ha dado el menor resultado hasta ahora y no hay motivos para pensar que lo vaya a dar en el futuro. Cabe preguntarse si la desbocada carrera civilizatoria actual, esa que aparentemente se ajusta al mundo tal cual es, con sus alambradas, muros y gendarmes en los puestos fronterizos y un tercio de la humanidad condenada a la pobreza, evitará que convivamos eternamente con un problema que ofende a la conciencia moral de nuestro tiempo. Puestos a comparar utopismos, es posible que la nueva legislación europea se lleve el premio mayor.

Las largas negociaciones parlamentarias que precedieron a la aprobación del texto demuestran que, salvo algunos brontosaurios nativos, casi ninguno de nuestros legisladores quería dejar de salir en la foto ni perder la oportunidad de dejar constancia de su corrección política. De modo que lo que algunas feministas presentan como prueba del machismo imperante (es decir las vacilaciones, cálculos y titubeos de la mayoría de legisladores varones, que habrían terminado aprobando la ley a desgano, supuestamente para no quedar “mal parados” ante la opinión pública) bien podría estar demostrando todo lo contrario, es decir que no vivimos en una sociedad tan primitiva como pretenden quienes fueron a presenciar los debates parlamentarios vestidas con ropas negras hasta los tobillos y la cabeza cubierta para sugerir que la condición de la mujer aquí y en Irán es más o menos la misma. Porque si es cierto que los más machos de nuestros legisladores votaron como votaron únicamente para no quedar “mal parados”, eso indicaría que la sociedad, o una buena parte de ella, ve con buenos ojos las iniciativas que supuestamente tienden a mitigar la desigualdad entre hombres y mujeres. Que la referida ley vaya a tener o no semejantes propiedades justicieras es harina de otro costal.

El reclamo de que haya más mujeres en el Parlamento parte del supuesto, ampliamente compartido por el sentido común, de que lo lógico sería que la composición del Parlamento reflejara más o menos fielmente la estructura de la sociedad. Se lo reconozca o no, lo que se viene a decir es que si hay 50% de mujeres en la sociedad, a la corta o a la larga, tendremos que marchar hacia un Parlamento con 50% de mujeres. Lo mismo podría alegarse respecto de los negros o de los homosexuales. Si el 4% de la población uruguaya es negra u homosexual, pues entonces que haya 4% de legisladores negros y 4% de homosexuales. Es esta idea la que pretendo impugnar en estas líneas. La cuotificación en todo caso es un asunto menor… siempre y cuando, claro, se reconozca su carácter discriminatorio (como es el reservar una parte de la representación política a una clase de ciudadanos) y la misma sea provisoria.

Si la política fuera una traducción exacta de la sociedad civil, como pretenden quienes reclaman que cada grupo de la sociedad tenga su propio nicho, si se la concibiera como un edificio dividido en habitaciones en las que cada parte es soberana, se la convertiría en una tarea imposible. Desaparecería como espacio de articulación y síntesis y su lugar sería ocupado por una guerra de todos contra todos, en una mera lucha por espacios de poder, que es la forma de reducirla a escombros. La radical despolitización que esto significa debería llamar a la reflexión, porque el reclamo de que haya más “de los míos” en el Parlamento es, por así decirlo, un reclamo pre-político. Se desentiende de la deliberación o de la exposición de argumentos acerca del bien común o de la razonabilidad o justicia de los proyectos y propuestas. Es un reclamo que considera que existe un derecho a estar representados en la arena política por ser quien se es, ya que supuestamente a cada parte le toca un trozo del todo. Pero a quien está interesado en política –y no en una disputa por un espacio de poder para los suyos-- le tiene sin cuidado el sexo, la raza o la condición social de quien enuncia razones. En el reclamo de la cuotificación, en cambio, está implícito que lo importante es que haya más mujeres legisladoras, con total independencia de sus puntos de vista políticos. Parecería que la idea que late detrás de esta propuesta es que para una mujer no hay nada mejor que otra mujer. Este punto de vista lleva implícita la idea de que, incluso para una mujer de izquierdas es preferible que haya más representantes mujeres conservadoras que legisladores masculinos de izquierda. Esto puede contribuir a arruinar el ya deteriorado espacio político, a clausurar el potencial emancipatorio de la política, porque le otorga preeminencia a la condición o la naturaleza de las personas, a aquello que de alguna manera es inmodificable en ellas. Lo que viene a decir el reclamo de cuotificación es que a mi tribu le corresponde una parcela de poder, no por lo que proponemos a todos los demás o los proyectos que defendemos, sino por lo que somos. Y eso que somos es inmodificable. La política así concebida vendría a ser un mero reflejo de los intereses que existen en la sociedad, los congela en su radical inmediatez. La termina convirtiendo en una feria a la que se concurre a reclamar lo propio. Y cuando se razona de esa manera, es lógico y racional que sólo se confíe en los de la propia “tribu” y se exija que como tal tribu estemos representados.

En otras palabras, la exigencia de una representación femenina (o de cualquier otra) proporcional a su peso en la sociedad nada tiene que ver con un posicionamiento político o un ideario, el feminismo por ejemplo (en cuyo caso podría entenderse la creación de un partido feminista). Pero no se trata de eso, sino de que haya más mujeres legisladoras a secas, con independencia de cualquier punto de vista político. Se parece demasiado a una querella por espacios de poder. El asunto es que esa lucha por espacios de poder lleva implícita la pretensión de que las mujeres en general tienen un interés como tales mujeres o que hay un punto de vista femenino en política (que no feminista) y eso plantea un problema teórico a mi juicio insalvable: ¿quién encarna o representa ese punto de vista?, ¿dónde está? ¿quiénes son los (habrá que decir las) portadoras del mismo? Porque en lo que atañe a posicionamientos políticos, idearios y propuestas no se percibe nada semejante a un punto de vista femenino. Lo que más bien percibo en la sociedad son plurales y contradictorios posicionamientos (incluida la indiferencia política) de las mujeres, es decir nada que induzca a pensar que las mujeres se sienten más representadas por mujeres.

La política no es posible cuando no hay espacio público, ese lugar donde se ponen en juego los diferentes intereses y deseos, donde se consideran las distintas reivindicaciones, y cuyas síntesis y decisiones casi siempre implican ignorar algunos de esos intereses particulares en aras de lo que algunos llaman “bien común” y otros justicia. Sin ese poner en juego las propios intereses y convicciones no hay política.

Queda, por supuesto, pendiente de respuesta la pregunta de por qué el porcentaje de legisladoras es inferior al de mujeres en la sociedad. Ya está dicho que no tiene por qué haber una correspondencia entre ambos, como no tiene por qué haberla entre el número de legisladores homosexuales o negros y su peso en la sociedad. O de jóvenes o de estudiantes. Pero la pregunta sigue siendo pertinente.

A diferencia de otros países, no hay aquí ninguna disposición legal que impida a las mujeres ser candidatas. Si la hubiera, habría que desterrarla, naturalmente. No se trata tampoco, y conviene decirlo para evitar las descalificaciones y estereotipos en los que se suele incurrir en este tipo de discusiones, a unas inclinaciones naturales de los sexos o a la falta de talento de las mujeres para determinadas funciones, como arguyó sin demasiado pudor algún legislador deseoso de recluir a las mujeres en la cocina. Sospecho que hay que buscar en otro lado las causas del escaso número de mujeres parlamentarias, como el del escaso número de mujeres policías, militares o futbolistas. Sin pretender ingresar en honduras sociológicas, esas causas son, me parece, de carácter cultural, remiten a unas tradiciones, a una educación que han acotado las posibilidades de autorrealización de las mujeres, que las han abocado a cumplir unos determinados roles que una sociedad con aspiraciones igualitarias debería tratar de subvertir. Se trata de las mismas tradiciones y educación que sugieren que los hombres no pueden llorar o que hay tareas o profesiones propias de cada sexo. Esa división sexista del trabajo no se alterará con ninguna ley de cuotificación. Si así fuera, habría que aprobar leyes de cuotificación en la Policía, en los colegios de abogados, de ingenieros y en lo que fuera.

La discriminación positiva que consagra la ley de cuotificación que acaba de aprobarse en el Senado eventualmente podría poner remedio a un mal cuya existencia no me parece que esté suficientemente demostrada: que no hay más mujeres legisladoras porque unos hombres les impiden ser candidatas. Digamos de paso que la demanda presupone un enfoque algo estrecho de la política, acotada al parecer al ejercicio de un liderazgo partidario o un cargo legislativo. En cualquier caso, y con toda franqueza, no termino de ver a masas de mujeres agolpándose a las puertas de los partidos políticos deseosas de ser candidatas y unos porteros varones que les impiden el paso. Me parece, por decirlo en pocas palabras, una monumental simplificación del problema.

El movimiento estudiantil del 68 (porque fue más un movimiento estudiantil que juvenil) es un buen ejemplo de cómo cada cinco o diez años se puede reescribir (y se reescribe) la historia. No sólo el Gran Hermano abusa del pasado para hacerle decir casi cualquier cosa Después de todo, son los hombres los que le dan sentido y coherencia a los hechos del pasado, ya que éstos, aunque no lo crea cierta visión mistificada, no llevan impresos en la frente ese sentido y esa coherencia.

Tal vez por eso no debería llamar la atención que hasta el día de hoy siga habiendo tantos relatos e interpretaciones diferentes sobre el 68. Conforme pasan los años, aparecen unas y desaparecen otras: revuelta juvenil en un mundo autoritario y patriarcal, expresión del hedonismo de una sociedad opulenta, impugnación de la izquierda tradicional prosoviética y nacimiento de una nueva izquierda que pretendió subvertir el orden capitalista en el mundo, reivindicación de la subjetividad frente a la moral uniformizadora pero también frente a los imperativos del realismo político, movimiento acotado a EEUU y a algunos países de Europa Occidental, movimiento planetario, a las que últimamente se ha sumado la idea de que las raíces de los caprichos y la irresponsabilidad de los jóvenes actuales se hallan en las desmedidas demandas de hace cuarenta años. Hay para todos los gustos.

Esta diversidad interpretativa es perfectamente comprensible. Después de todo, la historia no es una ciencia exacta. Pero que no lo sea, de ninguna manera